El reproche jurídico, y ahora político, que Educación ha recibido por su «inacción» ante el reparto del mercado de comedores escolares que ...

El reproche jurídico, y ahora político, que Educación ha recibido por su «inacción» ante el reparto del mercado de comedores escolares que durante diez años llevaron a cabo siete empresas está teniendo consecuencias. A priori, para bien. El Departamento ha ido modificando en los últimos años los pliegos del concurso para intensificar la competencia y evitar nuevas prácticas colusorias, y de cara a la próxima licitación de 2019-2023 ha remitido el documento, con nuevos cambios, a la Autoridad Vasca de la Competencia para contrastar su idoneidad a la hora «de no discriminar» y procurar «igualdad de trato entre los licitadores». El texto ha recibido el aval del organismo que propició la sanción millonaria impuesta a los catering por una concertación que provocó «un daño» a las arcas públicas de 70 millones de euros. La AVC valora «positivamente» los cambios introducidos y recomienda «advertir» de las posibles sanciones a las que se enfrenta cualquier empresa si vuelve a incurrir en prácticas colusorias.
El análisis realizado por la AVC destaca algunas de esas «mejoras» añadidas por Educación en el último pliego para el concurso. Un contrato que desde el año 2000, el primero que se licitó el servicio de gestión directa en la red escolar pública, ha supuesto la consignación de 1.615 millones de euros. En ese montante se encuadra el mencionado sobrecoste que, según el borrador del informe de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria, ocasionó el fraude destapado durante una década. Ahora, el concurso sale a licitación por 359,2 millones, 89,8 millones de presupuesto por curso. Y para concurrir a ella, Educación ha introducido algunos cambios aplaudidos por Competencia.
Según destaca la propia AVC, de forma general se «rebajan las condiciones de acceso y las trabas o barreras que favorecen que los licitadores puedan presentarse». Remarca que la «principal diferencia» para «garantizar» mayor concurrencia es el cambio de procedimiento: del denominado «restringido» a uno «abierto», que posibilita «que todo aquel empresario interesado podrá presentar su oferta». La AVC advierte de que la elección de uno u otros sistema «no es inocua».
El incremento del número de lotes, de 18 a 30, permite el acceso de empresas más reducidas
Competencia alude también a la reducción de «los requisitos de solvencia» exigidos hasta ahora a las empresas para acceder a la licitación. Unos criterios de suficiencia económica, financiera, técnica o profesional con los que «no se establece una barrera de entrada a los licitadores». También considera «razonable» la relación de medios obligatorios de personal o equipamiento exigidos en los pliegos.
Pero sobre todo, la AVC se detiene en analizar la nueva división en lotes en que se divide el contrato. Para esta nueva licitación, el reparto es de 30 lotes en lugar de los 18 de 2015. Una decisión que permitirá «acceder a empresas de dimensiones más reducidas» -uno de los objetivos principales de la Ley de contratos del sector público-, ya que las exigencias de solvencia que deben acreditar son menores al reducirse, igualmente, el presupuesto de licitación de los lotes a los que acceden.
La comisión parlamentaria ve responsabilidad política en el fraude que provocó un daño de 70 millones
Menos predecible
Directamente relacionado con la división por lotes, Competencia valora también «positivamente» que se reduzca la «predictibilidad» de las contrataciones que resultarán sobre cada lote. Es decir, variar el tamaño de los contratos y modificar su calendario en los sucesivos concursos limita el margen de las empresas para prever qué volumen de adjudicaciones se harán y, por tanto, qué empresa tiene capacidad para optar a ellas. Un hecho que, según la AVC, «dificulta un posible reparto de mercado», como ocurrió entre 2003 y 2015.
El organismo que preside Alba Urresola recuerda que este tipo de contratos tienen «unas características especiales» que les hacen «susceptibles de colusión». Se refiere, entre otros, a la elevada cuantía económica que conllevan, a las características técnicas que exigen a las empresas para atender el servicio de comedor en hora y condiciones óptimas, o al hecho de que se liciten para «cuatro cursos escolares».
La AVC además alude a los controles sobre instalaciones, equipamientos o procesos que deberán superar las empresas licitadoras, y a la «sistematización de los criterios de valoración de las ofertas». Es decir, los juicios de valor sobre los procesos organizativos, y los elementos que se analizan de forma automática, como el precio o los alimentos ambientalmente mejores. Ahí, se enmarcan «las materias primas obtenidas en un radio inferior a 160 kilómetros» de la empresa. No obstante, sobre esta cuestión, sobre el producto local, la AVC advierte de que «no se pueden establecer criterios de adjudicación que prioricen el producto de proximidad frente a otros no locales».
El informe, elaborado en respuesta a la consulta de Educación y que está fechado el 28 de marzo, termina con una recomendación para añadir una nueva cláusula en los pliegos. La AVC vuelve a referirse de forma indirecta al fraude cometido y aconseja, de aquí en adelante, «advertir» también en los pliegos «de las posibles sanciones que se les podría imponer» a las empresas en el supuesto de que incurran en conductas colusorias o de 'bid rigging'. La multa impuesta por la Justicia a las siete que fueron condenadas ascendió a 7,4 millones, después de que el TSJPV rebajara un 60% los 18 millones que de inicio estableció la AVC.
Finalizado el proceso judicial, ahora está a punto de concluir la comisión de investigación que dirime las responsabilidades políticas. El primer borrador de la presidenta Larraitz Ugarte, a falta de las aportaciones de los grupos, observa responsabilidad de la Administración por no haber «controlado» de manera suficiente el proceso.
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