La buena noticia llegó a última hora del lunes, aunque todavía esta mañana se les humedecían los ojos al decirlo en voz alta. Txema y Bea ...

La buena noticia llegó a última hora del lunes, aunque todavía esta mañana se les humedecían los ojos al decirlo en voz alta. Txema y Bea tenían fijada la fecha desalojo de la VPO de alquiler en la que residen desde el año 98 para este viernes a las nueve y media de la mañana. Pero «gracias» a la presión ejercida por la plataforma Stop Desahucios y a la intermediación del Ayuntamiento donostiarra y las Juntas Generales, que declararon el territorio libre de desahucios, «la abogada de Testa Residencial-Socimi ha presentado en el juzgado la petición de suspensión del desalojo» de estos dos vecinos del antiguo. «No vamos a parar hasta conseguir su retirada», ha advertido frente a la sede del Gobierno Vasco en Donostia la portavoz de la plataforma, Rosa García.
Txomin, Bea y sus dos hijos llevan 21 años residiendo en la promoción de 450 viviendas que el Gobierno Vasco levantó en Benta Berri. La pareja apunta que «siempre» habían abonado cada mensualidad, que actualmente se aproxima a los 800 euros, pero que fue el año pasado cuando debido a la enfermedad en la que cayó el padre de familia, con la consiguiente baja, y sucesivo despido de la empresa en la que trabajaba, les resultó imposible afrontar el pago del alquiler durante cinco meses. En el mes de diciembre recibieron la notificación y para el 18 de enero la pareja consiguió reunir los 7.824 euros que debía. Sin embargo, la orden de desahucio fijada para el viernes 22 de marzo seguía vigente pese a tener todas las mensualidades actualizadas. «No hay derecho», resoplaba Bea, quien ahora respira tranquila tras conocer la orden de suspensión del desalojo.
García ha subrayado que «ahora» les exigen a esta familia donostiarra el pago de las costas judiciales correspondientes a la interposición de la demanda. «Hasta ahí podíamos llegar! Las costas no las vais a pagar ni por asomo», les ha indicado García a la pareja, durante la convocatoria a la que han asisto medio centenar de personas. Asimismo ha recordado que Donostia es un municipio libre de desahucios desde la resolución que aprobó el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 24 de septiembre de 2015, por la cual el Gobierno municipal está obligado a intermediar con lsa entidades financieras, inmobiliarias o fondos de inversión, para evitar desahucios de deudores de buena fe, «como es el caso de esta familia».
La representante de Stop Desahucios Euskadi ha explicado que la concentración se ha realizado frente a la sede donostiarra del Ejecutivo vasco porque en los años 90 fue esta administración la que cedió por 75 años el derecho de superficie de estas viviendas a la UTE Benta Berri «compuesta por Metrovacesa y Vallehermoso, que en el 2016 se fusionaron con Testta Residencial-Socimi, que gestiona activos inmobiliarios de Santander, BBVA, Caixa…». Sin embargo, fue en octubre del año pasado, ha proseguido, cuando el fondo buitre estadounidense Blackstone, con sede en Manhattan, se convirtió en el inversor mayoritario.
Estos fondos de inversión, ha acusado, «son los causante de la escalada especulativa de los precios de alquiler y son también los causantes de miles de desahucios por impago de alquiler o finalización de los contratos». Al menos en este caso, se ha felicitado, «hemos conseguido que el buitre esconda sus garras y su pico y presente la solicitud de suspensión».
No obstante, García ha recordado que estas 450 viviendas fueron adjudicadas por sorteo efectuado por el Gobierno Vasco a los solicitantes que no tuvieran vivienda en propiedad y cuyos ingresos estuvieran comprendidos entre los 3.000 y los 39.000 euros anuales. Al igual que Txomin y Bea, el resto de adjudicatarios firmaron el contrato de arrendamiento en el año 98, cuyas condiciones estaban supervisadas por el Ejecutivo (en lo referente a la cuota inicial y sus revisiones, duración y prórrogas) durante los próximos 30 años. Es decir, un plazo que finaliza en 2028. A partir de ese momento, «será el actual propietario Testa-Socimi-Blackstone quien se encargue de fijar las cuotas según el libre mercado», ha advertido. «A partir de ese momento no sabemos qué será de nosotros», ha señalado el representante de la asociación de vecinos Alokairu, Iñaki Otaño, que define el tipo de vivienda en la que residen de «vivienda de desprotección oficial», por no saber si «el Gobieno Vasco representa a la ciudadanía o a los fondos buitres».
Por su parte, Marcelino García, coordinador de Stop Desahucios Euskadi, ha mostrado su apoyo a los familiares y allegados de la mujer de 70 años que este martes se suicidado en Girona poco antes de ser desahuciada.
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