Representantes de las asociaciones de padres y madres de los centros de iniciativa social de la red concertada de la enseñanza han mostrad...

Representantes de las asociaciones de padres y madres de los centros de iniciativa social de la red concertada de la enseñanza han mostrado esta mañana ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco su preocupación por el enquistamiento en el que se encuentra el conflicto entre los sindicatos y la patronal, que se ha agudizado en los últimos días con la convocatoria de otros diez días de huelga que se suman a los catorce ya realizados este curso. Además también han trasladado a los grupos la necesidad de reflexionar sobre la puesta en marcha de mecanismos para salvar un problema que «afecta al 25% de la población de este país». Por eso han pedido que el 12 de marzo, «por el bien de todos» no se lleve a cabo el primer día de paro y al Parlamento Vasco que, dentro de sus posibilidades, ayude a desatascar la situación.
A lo largo de toda la comparecencia han abogado constantemente por «el derecho universal de la educación, independientemente de la red que elijamos» y han expresado que «desgraciadamente no vemos tan cerca el conflicto».
Miriam González, sin querer entrar en la polémica de qué parte tiene razón «porque les resulta muy tentador decir que cada uno tiene su propia verdad» y «pasarse la pelota uno a otro», ha señalado que «nada justifica la pérdida de horas lectivas» por lo que considera que es necesario «dar herramientas para que se solucione el problema». Sí ha reclamado «el derecho que tienen los centros a estar adecuadamente financiados, al igual que los docentes porque así podremos elegir qué educación queremos dar a nuestros hijos sin discriminar».
En lo que sí se ha mostrado contundente es en que «se trata de un conflicto laboral« que con las nuevas jornadas de huelga «pone en riesgo el curso escolar» y ha incidido en que «no estamos en un escenario de lucha obrera al uso» y ha culpado a los sindicatosELA-Steilas, CC OO, LAB y UGT, solo muestran preocupación por exhibir músculo». A la patronal, liderada por Kristau Eskola, ha exigido que «asuma sus obligaciones y compromisos».
El panorama que han presentado los representantes de las ampas no es muy alentador de cara a una resolución del conflicto. Víctor Petuya ha resumido el posicionamiento de las tres partes que considera que tienen en su mano darle una salida: «La patronal señala que no es posible atender la demanda de los sindicatos porque no hay más financiación por parte del Gobierno Vasco, que es quien paga los sueldos de los profesores; los sindicatos mantienen sus reivindicaciones y sus huelgas sin pensar en otra cosa desde el inmovilismo y el Gobierno Vasco mantienen que el pago delegado no puede aportar más».
González, además de felicitarse por el empoderamiento que están mostrando las familias en este conflicto y exigir que el enfrentamiento entre patronal y centrales salga de las aulas, ha presentado propuestas concretas como aumentar las ratios de los servicios mínimos «para que el derecho a la huelga sea compatible con la seguridad» o la creación de una mesa de la enseñanza concertada. Petuya ha pedido al Ejecutivo vasco que dé pasos para aumentar la financiación de los centros y que se aumente la aportación a los módulos., a la patronal que «realice un esfuerzo real para mejorar las condiciones de los docentes» y a los sindicatos que «abandonen posturas maximalistas e intereses particulares». En definitiva, «que apuesten por la educación».
El tercer representante de los padres de alumnos de los centros de iniciativa social, Aitor Mujika, ha recordado que «en Euskadi el 50% de los estudiantes acuden a la red concertada gracias a la libertad de elección» y ha insistido en que «nuestra principal preocupación es el que conflicto se saque de las aulas» porque si no «estamos abocados a perder el curso escolar» y a que alumnos que este curso se van a presentar a la Selectividad «no puedan elegir la carrera que desean estudiar».
Los grupos parlamentarios
Los grupos parlamentarios han mostrado su solidaridad con los padres de los alumnos pero desde perspectivas del conflicto bien diferentes. Mientras los partidos en el Gobierno, PNV y PSE, se han centrado darles su apoyo y a recordarles que se trata de un tema laboral, la oposición ha sido más beligerante.
Así, Juana de Bengoetxea, del Partido Popular, ha señalado que «no se puede hablar de patronal porque no se buscan beneficios económico sino la supervivencia de los centros y ha exigido al Gobierno Vasco que asuma su responsabilidad porque «es quien ha encomendado la gestión de los colegios, no se trata de una subcontrata». Además ha exigido al Ejecutivo que asuma su papel de protagonista y amplíe la cantidad que aporta por módulo porque «está congelado desde hace diez años» y ha insistido en que es el Departamento de Educación «quien hace las reglas y pone el dinero, así que debe asumir su responsabilidad».
Desde Elkarrekin-Podemos,Iñigo Martínez ha culpado a la patronal porque «no solo se trata de una cuestión económica sino también de las condiciones laborales» y ha lanzado una pregunta que la mayoría de los grupos y también los representantes de las ampas se han cuestionado: «¿Por qué si ha sido posible llegar a un acuerdo en las ikastolas y no en la red concertada? Las diferentes mayorías sindicales en los dos ámbitos ha sido la respuesta.
Por su parte, Rebeka Ubera, portavoz de EH Bildu, ha comentado que cree «que las partes no están tan alejadas como parece» y ha contemplado la posibilidad de que la semana que viene el conflicto pueda encauzarse. Ha criticado a los representantes de los padres de transmitir una sensación de que «se está cuestionando el derecho a la huelga», cuestión negada con rotunidad por González, Petuya y Mujika. Ubera, aunque ha reconocido que como cargos públicos «no podemos mirar a otro lado» y ha asegurado que va a poner sobre la mesa diferentes iniciativas para que «Educación asuma su responsabilidad», ha apostado por un cambio del sistema que «en lugar de mirar al futuro responde a una sociedad del siglo XIX».
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