Ni educadores sociales ni trabajadores sociales. Son integradores sociales , una profesión con escasa visibilidad incluso dentro de los ser...
Ni educadores sociales ni trabajadores sociales. Son integradores sociales, una profesión con escasa visibilidad incluso dentro de los servicios sociales, un vacío que estos profesionales se niegan a aceptar. El colectivo, que engloba a unas 1.800 personas tituladas en este grado superior de FP en toda Euskadi, se ha cansado de defender su sitio entre bambalinas y sale a escena pública.
No son nuevos en el sector. La primera regulación de estos estudios se remonta a 1996. Llevan años reivindicando su profesión ante las administraciones públicas, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el borrador de decreto del Gobierno Vasco que regula los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad y el registro vasco de centros especiales de empleo, como pueden ser los de Gureak o Katealegaia. Los integradores sociales denuncian que en el texto propuesto se abre la puerta a que «prácticamente va a poder realizar los apoyos al empleo de la persona con discapacidad cualquier profesional, incluso sin ningún tipo de estudio», unos criterios que no son nuevos pero que el decreto vendría a oficializar, según explican las tres asociaciones territoriales, Agisas en Gipuzkoa, Bigite en Bizkaia y Argite de Álava. Las tres entidades sostienen que, además de su preocupación profesional por razones laborales, esta falta de especialización puede suponer un riesgo de «desprotección» de las personas con discapacidad que necesitan esos apoyos profesionales para su integración sociolaboral.
Dos convocatorias recurridas
Más allá de la denuncia, las agrupaciones van a recurrir las dos últimas convocatorias públicas relacionadas con la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. En concreto, 4,2 millones de financiación para las unidades de apoyo en relación a la discapacidad en centros especiales de empleo y 1 millón de euros de ayudas destinadas al desarrollo de actuaciones de empleo con apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Según explica Julen Ulanga, coordinador de Gipuzkoa, en las bases de las mismas se permite trabajar «a cualquiera, desempeñando ciertas ocupaciones que son expresamente de los técnicos y técnicas superiores en integración social, acorde a su nivel de cualificación profesional». De ahí que denuncien que la Administración pública favorezca el «intrusismo laboral» y el colectivo atendido, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, pueda sufrir las consecuencias en forma de una atención de peor calidad o de «desprotección».
El colectivo señala su «hartazgo» porque, a su juicio, el borrador de decreto da por válido que «cualquiera está cualificado para trabajar como preparador laboral, técnico de empleo con apoyo y técnico de acompañamiento laboral», los tres perfiles de trabajadores que acompañan en su inserción laboral a las personas con discapacidad, les ayudan en su itinerario sociolaboral y les entrenan en diferentes habilidades sociales para que puedan integrarse en la sociedad y en el empleo. Los integradores sociales vascos dicen que la situación a día de hoy dista de la deseada y que son contratables para esas tareas técnicos superiores de otros perfiles como ganadería, paisajismo, impresión digital o graduados, sin necesidad de que acrediten el título oficial de integración social.
Todo lo contrario ocurre para trabajar de cuidador en el ámbito de la dependencia, para lo cual se exige el título de atención sociosanitaria. «En cambio, en las ocupaciones expresamente acordes al nivel de cualificación profesional de los integradores sociales prácticamente trabaja cualquiera». El colectivo insiste en que esos apoyos laborales a las personas discapacitadas deben profesionalizarse de manera adecuada.
«Tendencia preocupante»
Siguen confiando en llegar a un acuerdo con el Gobierno Vasco, con cuyos representantes se han reunido en varias ocasiones, sin resultado. «Queremos colaborar con las instituciones. Nos trasladan una actitud de comprensión hacia nuestras reivindicaciones, pero luego no se plasma en nada» y no quieren que el tema se dé por zanjado.
Su escasa visibilidad y presencia laboral en los servicios sociales no se ciñe a los perfiles de apoyo laboral a personas con discapacidad. Desde Agisas también trasladan que en los centros de día y residenciales y en las viviendas tuteladas para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, «prácticamente no existimos», un vacío del que se han quejado ante la Diputación foral. Recuerdan también que su titulación es la única cualificada para ejercer de mediador intercultural, vecinal o intercomunitario, y que esa «tendencia preocupante» a que se contrate a personas sin una preparación específica en integración social para atender en servicios sociales ha dado como resultado, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Donostia «a día de hoy haya cero integradores sociales».
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