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El Poder Judicial aleja al PNV del bipartidismo

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«Sentarse en el Consejo General del Poder Judicial es una cuestión de estatus». Así penaba en privado hace unos años un magistrado que hab...

«Sentarse en el Consejo General del Poder Judicial es una cuestión de estatus». Así penaba en privado hace unos años un magistrado que había pertenecido al máximo órgano de gobierno de los togados y que había tenido que regresar de mala gana a sus responsabilidades en un juzgado. El juez removido de su vocalía en el CGPJ tenía razón: el Consejo confiere estatus, con privilegios equiparables a los diplomáticos y la capacidad de conocer desde dentro cómo se mueven los hilos en algo tan sensible y trascendental como los nombramientos de la élite judicial del Estado. Se trata, además, de un estatus sobre el que planea un potente componente político. Y no solo por el modo en el que el PSOE y el PP han ido pactando los puestos del CGPJ, cuya primera ley orgánica de regulación data de 1980.

El Consejo ha sido visto por algunos de sus integrantes más ambiciosos como una posible catapulta para hacer carrera como ministro de Justicia. Un tablero de intereses del que han sido copartícipes las asociaciones profesionales, por más que se hayan escandalizado ante la última crisis desatada por la obscenidad con la que el Ejecutivo de Sánchez y el PP de Casado -con la anuencia de Podemos- habían convenido los nuevos vocales del CGPJ; por el descarnado mensaje del senador Cosidó jactándose de ese control político; y por la dimisión, en el último minuto, de Manuel Marchena, el candidato de socialistas y populares a presidir el Consejo y el Supremo.

El peso de estar en el CGPJ. Aunque la manija de la renovación del Poder Judicial la han llevado históricamente las fuerzas bipartitas, el nacionalismo institucional vasco y catalán nunca ha sido ajeno a lo que representa contar con una vocalía en el órgano que decanta los altos nombramientos en la Magistratura. El estatus se traduce, en este caso, en influencia política, como ocurre con otras instituciones y organismos del Estado en los que el PNV siempre ha preferido poder sentarse a no hacerlo. Y a la inversa, esos cargos han sido modulados por los sucesivos gobiernos en la Moncloa para premiar sus buenas relaciones con los peneuvistas -en función de la dependencia de ellos en las Cortes- o para castigarles en tiempos de desafección. Fue por lo que optó José María Aznar tras su aplastante mayoría absoluta de 2000, cuando el entendimiento con el EBB de Xabier Arzalluz había saltado ya por los aires a raíz del Pacto de Lizarra y la sangrienta ruptura de la tregua por parte de ETA. Al año siguiente, el PP obstaculizó la candidatura de Margarita Uria para que diera continuidad a la vocalía que había ostentado en el Consejo Emilio Olabarria desde 1996. Los populares esgrimieron como argumento que Uria era parlamentaria en el Congreso.

Fue la aguda minoría en la que se encontraba el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su necesidad de amarrar el apoyo de los jeltzales lo que permitió finalmente la inclusión de Uria en el Consejo en 2008. La actual directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos fue relevada en 2013 por el experto constitucionalista Enrique Lucas Murillo de la Cueva, con una amplia experiencia en el equipo jurídico del Ejecutivo de Vitoria y al que se atribuyen las balizas legales del plan Ibarretxe que evitaron que el proyecto tuviera consecuencias judiciales sobre el lehendakari. Pese a que la mayoría absoluta entonces de Mariano Rajoy no precisaba del concurso de los jeltzales, la sintonía que empezaba a engrasarse entre éstos y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría propició la elección de Lucas.

Exclusión negociadora. El partido de Andoni Ortuzar, confiado en los precedentes y aliado de Pedro Sánchez en la mayoría de la moción de censura contra Rajoy, esperaba una llamada para afrontara la renovación del Consejo que ha saltado por los aires esta semana. El PSOE -en contacto con Podemos- y el PP no efectuaron esa llamada: todo reparto de poder supone ceder poder propio. «No nos tuvieron en cuenta y nosotros tampoco movimos ficha, viendo cómo estaba el percal y que no nos iba la vida en los nombramientos», resumen fuentes del EBB, que admiten que la sensación final que les queda es de «alivio» dado el bloqueo sin precedentes en que han desembocado el pacto bipartito, el whatsapp de Cosidó y la marcha atrás de Marchena. «Alivio no solo porque la crisis no nos ha salpicado, también por el acierto en el tramo final de no meternos en las negociaciones», concluyen los mismos medios. Los peneuvistas comienzan a percibir la amenaza del bochorno ante la crispación y el enrarecimiento de la vida política en el foro madrileño.

El plante se quedó sin pleno. El reproche del PSOE al PP por el mensaje de Cosidó y la ruptura por los populares del acuerdo, tras acusar al Gobierno de haber filtrado la apuesta común por Marchena, llevaron a la suspensión el jueves del pleno en el Congreso en el que se iba a ratificar la elección de los nuevos vocales del CGPJ consensuados por el bipartidismo. El PNV tenía previsto ausentarse de la sesión, a modo de pie en pared por lo que el burukide Koldo Mediavilla calificó como «una gota más» en «la crisis institucional del Estado español».

La distancia de Sabin Etxea con respecto al Gobierno y al PP no se circunscribe a las sustituciones en el Consejo del Poder Judicial. Afecta a la consideración de una Magistratura con la que el PNV se viene mostrando sumamente crítico -ahí están recientes cuestionamientos como el proceso a los líderes independentistas catalanes o el derivado del varapalo de Estrasburgo al encausamiento de Bateragune-; una Magistratura que, a ojos de los jeltzales, no ha culminado la transición a la democracia que sí hicieron los poderes Ejecutivo y Legislativo. La censura no va acompañada, de momento, de una nueva y explícita reivindicación del poder judicial propio que el PNV ya reclamaba en el plan Ibarretxe y que ha recuperado ahora en el nuevo estatus acordado con EH Bildu.


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