El Gobierno Vasco (PNV-PSE) admitió en el Pleno de política general celebrado el mes pasado que la aprobación del Presupuesto de 2019 «está...
El Gobierno Vasco (PNV-PSE) admitió en el Pleno de política general celebrado el mes pasado que la aprobación del Presupuesto de 2019 «está difícil», pero quizá pecó de pesimismo o, también es posible, jugó al despiste. La política vasca tiene estas cosas. Lo que parecía imposible hace un par de semanas, atraer a Podemos o a EH Bildu a las cuentas de Urkullu, ahora no parece tan descabellado.
El secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, en el pleno de control al Ejecutivo del pasado viernes se mostró dispuesto a negociar las cuentas a cambio de más gasto social. Un giro sorprendente, dada la pétrea oposición que hasta ese momento había mostrado a llegar a un acuerdo en este terreno. En la propuesta quizá subyace la necesidad de que el PNV apoye como contrapartida el presupuesto de Pedro Sánchez, unas cuentas que contarían con el respaldo de Pablo Iglesias para evitar la caída del Gobierno del PSOE.
No obstante, el margen que da Podemos a Urkullu es mínimo. La parlamentaria Eukene Arana advirtió ayer al lehendakari que tendrá que elegir «si seguir de la mano de un PP más a la derecha que nunca o mirar hacia su izquierda».
Debate en EH Bildu
En esa misma línea de mano tendida, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunció ayer que la coalición no propondrá un pacto presupuestario, pero sí realizará una oferta para que las cuentas «atiendan, siquiera parcialmente, las necesidades sociales de los sectores más desfavorecidos». La mesa política debatirá hoy cómo afronta el debate presupuestario y hará público su posicionamiento de cara a ese pleno.
Estos señuelos no han cogido a Urkullu con el pie cambiado. Al contrario, en el mismo pleno de control respondió a Martínez que el Presupuesto asigna una partida récord de 7.000 millones de euros a políticas sociales. Es más, el lehendakari, como si esperara el envite del secretario general de Podemos, se sacó un as de la manga, anunciando que se contempla una subida del 2,25% en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y un alza del sueldo de los funcionarios autonómicos del mismo porcentaje. Y, acto seguido, Urkullu clavó el rejón, advirtiendo de que la no aprobación de las cuentas impediría los citados incrementos en el gasto social.
Por tanto, el aislamiento del Ejecutivo puede que no sea tal. Es cierto que a PNV y PSE les falta un voto para contar con una mayoría en el Parlamento Vasco que les garantice sacar las cuentas adelante. Los dos ejercicios anteriores la abstención del PP permitió al Ejecutivo vasco aprobar sendos presupuestos. Sin embargo, la moción de censura que descabalgó a Rajoy, apoyada por el PNV, y la sintonía entre los jeltzales y EH Bildu respecto al nuevo Estatus, han alejado a los populares de reeditar un acuerdo de este tipo.
Es verdad que la política vasca es imprevisible, pero la línea roja marcada por Alfonso Alonso parece insalvable. El presidente del PP en Euskadi ha tendido la mano al PNV para abordar en el Parlamento Vasco reformas pendientes, como la educativa o la RGI, e incluso los presupuestos, pero ha puesto como condición que los jeltzales rompan el acuerdo con EH Bildu en relación a la reforma del Estatuto.
El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ya ha establecido los primeros contactos con EH Bildu y Podemos. Ahora será el turno del PP. El calendario empieza a apretar, de ahí que Urkullu indicara a los grupos en el pleno de control que presenten sus propuestas, de manera que dé tiempo a, en su caso, incluirlas en el borrador del proyecto de presupuestos que el Consejo de Gobierno prevé aprobar el día 23 de presente mes.
En todo caso, si no fuera posible sumar una mayoría, bastaría una prórroga presupuestaria para desembocar en el final de la legislatura (2020). No sería la mejor forma de terminarla, pero tampoco supondría un drama para un bipartito que, pese a gobernar en minoría, ha llegado al ecuador de su mandato sin especiales contratiempos.
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