29 de mayo de 2015. Los 20 magistrados que ese día integran el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han sido convocados po...

29 de mayo de 2015. Los 20 magistrados que ese día integran el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han sido convocados por su presidente, Fernando Grande-Marlaska, para resolver un dilema muy espinoso; tanto como para poder cuestionar el relato del Estado de Derecho en la lucha contra ETA. La cumbre no es insólita, pero sí infrecuente. Y da la medida de la envergadura del asunto sujeto a debate. Que es esta, en resumen: qué hacer con el cómputo de las penas a presos de ETA que habían cumplido condena en Francia y lo hacían en España por el mismo delito. Una cuestión muy sensible, agudizada por la excarcelación de decenas de etarras después de que el Tribunal de Estrasburgo tumbara la doctrina Parot, que se había ido enredando hasta el desbarajuste.
Todo partía de la renuencia primero del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después del de Mariano Rajoy a aplicar la decisión-marco de la Unión Europea de hacía una década por la que se suprimía la doble contabilidad de esas penas. El Estado, presionado aún por la vigencia del terrorismo, hizo que la reforma normativa de la UE durmiera el sueño de los justos hasta que en 2014 ya no le quedó escapatoria. Y no le quedaba porque el Tribunal Supremo dio parcialmente la razón a Joseba Urrosolo Sistiaga en su recurso para que la Audiencia Nacional le recortara el tiempo de permanencia en prisión, en aplicación del criterio europeo. Para redondear la paradoja, Urrosolo ya no era un preso 'ortodoxo' de la banda terrorista, sino el rostro visible de los disidentes con la lucha armada agrupados en la vía Nanclares.
Con el recuerdo vívido del mazazo que supuso para la Moncloa, para los altos tribunales españoles y para las víctimas el fin de doctrina Parot, el Ejecutivo de Rajoy maniobró 'in extremis' y por la puerta de atrás para que la ley 7/2014 excepcionara la resolución europea; es decir, para vetar en la práctica que presos de ETA con sentencias previas a 2010 se beneficiaran del nuevo recuento de las condenas. Hasta ese momento, se habían consumado dos excarcelaciones: las de los también miembros de la vía Nanclares Carmen Gisasola y Josu García Corporales, acordadas por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional y a las que la Fiscalía no se opuso. Con la ley promovida por el Gobierno ya en vigor, la Sección Primera de la Audiencia avaló que se computara como ya cumplido el tiempo de prisión en Francia de Santiago Arrospide Sarasola 'Santi Potros', Alberto Plazaola y Rafael Caride Simón, este último desmarcado de la violencia; en paralelo, la Sección Segunda se opuso a hacer lo mismo en el caso del etarra Iñaki Bilbao. Con la madeja enredada sin remedio y el Ejecutivo de Rajoy clamando contra las liberaciones acordadas por parte de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal del Supremo se sentó a deliberar en dos tensas reuniones para sentar un criterio que no dejara resquicio a la disparidad judicial. Partido casi por la mitad -9 votos frente a 6-, la cúspide del penalismo español dio un espaldarazo a que España excepcionara la normativa europea y eludió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo (distinta instancia que el de Derechos Humanos de Estrasburgo).
Si el paciente lector no se ha perdido irremisiblemente, es momento de regresar a ese 29 de mayo de 2015, a esa cumbre de alto voltaje en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Marlaska ha optado por trasladar al pleno la notoria y contraproducente disonancia entre secciones. Los magistrados partidarios de asumir sin objeciones la decisión-marco de la UE, y persuadidos de que el Gobierno de Rajoy habían creado una norma 'ad hoc' con la única pretensión de frenar la eventual sucesión de excarcelaciones, quieren preguntar a sus colegas europeos para que aclaren a qué carta quedarse. A nadie se le escapa lo que implicaría la mera elevación de esa consulta: un enfrentamiento ya sin tapujos de la Audiencia con el Gobierno y, lo que aún resultaría más insospechado y de consecuencias más profundas, la desautorización en la práctica del todopoderoso Supremo. Situada entre la espada de quebrar la unidad del sistema judicial español en un asunto nuclear como la respuesta a la violencia de ETA y la espalda de romperse a sí misma, la Sala de lo Penal de la Audiencia se decanta por esto último: 11 de sus integrantes cierran filas con el Ejecutivo y el Supremo, mientras 9 se contraponen al voto mayoritario. El presidente Marlaska engrosa el primer grupo. «Para disentir del Supremo hay que tenerlo muy claro, porque significa, casi, decirle que ha errado«, resume ese día a DV una fuente autorizada.
Esta mañana, Fernando Grande-Marlaska, el juez erigido hoy en ministro de Interior, el mismo que se ganó una querella de Manos Limpias por acelerar el trámite para que la Audiencia acatara el fin de la doctrina Parot, habrá respirado tranquilo. Estrasburgo ha amparado la competencia de España para impedir el descuento en las condenas a los presos etarras. Cabe el recurso de los demandantes ante la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos. Pero por de pronto, Marlaska no se va a ver en incómoda tesitura de asistir a un veredicto contrario a lo que él defendió aquel inaudito 29 de mayo de 2015.
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