El derecho a la información, la transparencia institucional y la protección de datos no siempre encuentran caminos por los que desarrollars...
El derecho a la información, la transparencia institucional y la protección de datos no siempre encuentran caminos por los que desarrollarse sin chocar entre sí. El último ejemplo de esta difícil coexistencia es una resolución de la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) por la «vulneración de la confidencialidad y el deber de secreto» por parte del Ayuntamiento de San Sebastián en un caso contado ya hace unos meses: un agente de Movilidad fue sancionado por entrar en un bar durante el servicio, conducta expresamente prohibida en el reglamento del cuerpo.
El agente en cuestión fue suspendido de funciones por un periodo de seis días, aunque para las faltas disciplinarias graves como esta se contemplan hasta un máximo dos años de suspensión. Ninguna de las alegaciones del infractor fue aceptada en el expediente sancionador, que entiende probado que el agente dejó su zona de trabajo, se fue a un establecimiento hostelero y no lo comunicó a nadie, permaneciendo en esta situación 45 minutos.
Tras ver la noticia publicada, el agente interpuso denuncia ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, que urgió al consistorio a investigar el origen de la «filtración». Las pesquisas realizadas no dieron resultado, más allá de determinar que quien cediera dicha información lo hizo a «título personal, bajo su responsabilidad y al margen de la actuación administrativa», según se recoge en los hechos probados de la propuesta de resolución dictada ahora contra el Ayuntamiento de San Sebastián.
Entre las medidas ya adoptadas en Ijentea para evitar que en el futuro se repitan episodios de «filtraciones no consentidas por el afectado» -como las describe la AVPD-, destaca un acuerdo para «no incluir un relato de los hechos en las propuestas que se eleven a la Junta de Gobierno Local», órgano que en última instancia debe ratificar las sanciones a los funcionarios municipales. Es decir, que la protección de datos prevalece en este caso concreto sobre el derecho a la información y la transparencia administrativa.
La privacidad manda
Este triunfo de la privacidad frente a otros derechos fundamentales de la ciudadanía se sustenta en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que establece que «el responsable del fichero (de datos) y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero».
En su resolución, la AVPD señala que lo «relevante es que se vulnere la confidencialidad de los datos», mientras que el Ayuntamiento de San Sebastián argumenta en su descargo que se trata de «información veraz y referida a asuntos públicos que son de interés general». Para determinar el alcance de la infracción por la conducta «reprochable» del consistorio, la agencia echa mano del artículo 22.3 de la Ley 2/2004 de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública, que tipifica como grave «la vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos incorporados a ficheros que contengan información relativa a la comisión de infracciones administrativas o penales o contra la Hacienda Pública, así como aquellos otros ficheros que contengan datos suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo».
En este caso, además de las iniciales del nombre y primer apellido del agente de Movilidad suspendido, se describían aspectos como los límites de su zona de trabajo o los motivos de la sanción. Esta información, añade la AVPD, hace que el denunciante pueda ser «identificable solo en un círculo cercano y en el profesional».
En su propuesta de resolución, que concede a las partes un periodo de quince días hábiles para la presentación de alegaciones de defensa, la agencia requiere al Ayuntamiento de San Sebastián que «establezca y mantenga todas las medidas de orden interno que impidan que en el futuro pueda producirse una nueva infracción» de la Ley de Protección de Datos como la investigada en este procedimiento sancionador. El consistorio dispone de un mes para notificar cuáles son esas medidas, que según se desprende del texto resolutivo habrán de ser complementarias a las ya adoptadas tras detectarse la filtración.
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