Uber , la plataforma de alquiler de coches con conductor a través de una aplicación móvil, ya mira hacia Gipuzkoa, un territorio donde actu...
Uber, la plataforma de alquiler de coches con conductor a través de una aplicación móvil, ya mira hacia Gipuzkoa, un territorio donde actualmente no tiene presencia. La compañía californiana envió el pasado viernes un escrito al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, para proponerle una reunión en la que tienen como objetivo explicar sus planes en el territorio histórico. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, recibió el mismo texto con idéntica finalidad.
La intención de Uber es tender la mano a las administraciones vascas y «ofrecer su plena colaboaración» antes de su despliegue en ambas ciudades. La compañía pretende implantar en Euskadi el sistema UberX, en el que trabaja con conductores profesionales con licencia VTC. Ante la dificultad de conseguir nuevas licencias de este tipo, la compañía quiere ofrecer su aplicación como soporte a los conductores que ya dispongan de una de ellas. Uber descarta por lo tanto intentar aterrizar en carreteras vascas con el sistema Pop, el prestado por particulares y vetado por los tribunales.
Según los últimos datos publicados por el Gobierno Vasco, hay 84 licencias VTC en toda Euskadi, 25 de ellas en Gipuzkoa, 40 en Bizkaia y 29 en Álava. Las solicitudes pendientes de resolución judicial rondan las 400.
Las licencias de taxi, en cambio suman 2.132 en los tres territorios. Este sector protagonizó en julio diferentes movilizaciones contra plataformas que operan con licencias de vehículos de alquiler con conductor, como Cabify o la propia Uber.
«Nuestro objetivo es ser un socio a largo plazo de todas las ciudades en las que prestamos servicio», reitera Uber. En más de una ocasión, su director en España, Juan Galiardo, ha declarado que este servicio no es incompatible con el taxi.
En cuanto al Gobierno Vasco, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha asegurado que ambos modelos de transporte van a estar obligados a convivir. Por su parte, el Gobierno central aprobó el pasado 29 de septiembre la cesión de la regulación del sector a los ayuntamientos y comunidades, aunque no podrán tocar los actuales permisos en cuatro años, hasta 2022.
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