El Ararteko ha pedido a las instituciones vascas que propicien una reforma fiscal ambiental basada en los objetivos para una transición e...

El Ararteko ha pedido a las instituciones vascas que propicien una reforma fiscal ambiental basada en los objetivos para una transición energética hacia un modelo más sostenible y que tenga como principio que pague más quien más contamine.
Esta es una de las recomendaciones que plantea el Ararteko en el informe extraordinario «La transición energética del País Vasco hacia un modelo sostenible», cuyo titular, Manuel Lezertua, ha presentado en rueda de prensa tras entregar el documento a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.
Lezertua ha reconocido que el informe no incluye medidas fiscales ambientales concretas ya que es un asunto que deben abordar las instituciones competentes y tampoco se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, sobre impuestos a los vehículos diésel.
El Ararteko alerta de que el sistema energético vasco está basado actualmente mayoritariamente en el uso de energías fósiles
No obstante, ha opinado que esa reforma fiscal debería estar basada en el pago de más impuestos a quien más contamina.
En el informe el Ararteko recuerda que el País Vasco tiene un «elevado» grado de dependencia energética del exterior y valora que las emisiones de efecto invernadero continúan con una tendencia a la baja.
Sin embargo, añade, el consumo de energía y las emisiones en el sector del transporte siguen creciendo en Euskadi y el de energías renovables está estancado «a pesar del potencial existente» y es bajo en comparación con la media del España y de la Unión Europea.
Advierte de que el consumo de energía en el transporte supone ya el 40,2 % del total en Euskadi «proviniendo un 95,7 % de la energía de derivados del petróleo».
También alerta de que el sistema energético vasco está basado actualmente mayoritariamente en el uso de energías fósiles.
En el informe el Ararteko, además de pedir un debate en torno a la fiscalidad ambiental, plantea la necesidad de impulsar un pacto social sobre la transición energética que contribuya a acelerar las medidas sobre las que existen más consensos relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética, el impulso de las renovables y la reducción de las energías fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial en el transporte.
Propone que se realice un catálogo de derechos energéticos y medidas para los colectivos vulnerables, así como fomentar el vehículo eléctrico, promover la auditorías energéticas y apoyar la autoproducción y consumo de energía eléctrica generada en los edificios.
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