Un matrimonio de policías locales , el hombre agente de la Guardia Municipal de Errenteria y la mujer de la de San Sebastián , han sido co...

Un matrimonio de policías locales, el hombre agente de la Guardia Municipal de Errenteria y la mujer de la de San Sebastián, han sido condenados a penas que suman un año y diez meses de cárcel por estafar 1.456 euros a su compañía de seguros, mediante una falsa denuncia de sustracción de dos teléfonos móviles de alta gama.
Durante el juicio por estos hechos, celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, los dos acusados han reconocido los hechos y se han mostrado conformes con la petición de pena que ha realizado la Fiscalía, por lo que han sido condenados como responsables de un delito de estafa y otro de falsedad en documento público con las atenuantes de reparación del daño causado y de dilaciones indebidas en el procedimiento.
Los procesados, que también han sido inhabilitados durante un año y medio, deberán abonar además una multa de 350 euros, si bien no tendrán que cumplir la pena de prisión, después de que el tribunal haya aceptado suspendérsela con la condición de que no vuelvan a delinquir en los dos próximos años.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos sucedieron el 21 de diciembre de 2011, cuando el acusado acudió a las dependencias de la Policía Municipal de San Sebastián, donde «simuló haber sido víctima de un robo con violencia» que supuestamente habría ocurrido unas horas antes en la Plaza de la Constitución.
En concreto, el hombre aseguró que le habían robado dos teléfonos móviles de alta gama, valorados cada uno de ellos en 699 euros, además de una bandolera y 50 euros en efectivo, y sostuvo en su denuncia que desconocía la identidad del ladrón.
La denuncia fue recogida por su propia esposa, también acusada en este procedimiento, que «en el ejercicio de su cargo como agente de la Policía Municipal de San Sebastián, la «dotó de forma» aunque sin que en ningún momento el documento llegara a tener a un juzgado «como destinatario» ni diera lugar «a la incoación de procedimiento, pues lo que realmente pretendían los encausados era dar al documento una apariencia que les permitiera cobrar de la compañía de seguros la indemnización correspondiente «por haber sido víctimas de un robo con violencia».
De esta manera, los procesados se pusieron en contacto con su aseguradora, a la que remitieron la denuncia falsa, entre otra documentación que les fue solicitada, tras lo que la compañía les hizo una transferencia de 1456,40 euros «en concepto de indemnización por el siniestro» del que supuestamente habían sido víctimas.
No obstante, tras descubrirse el engaño, los inculpados reintegraron el dinero a la aseguradora el 24 de enero de 2013.
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