A más acuerdo, mejor pacto». Con esta frase, Iñigo Urkullu tendió ayer la mano al Estado español con una oferta de diálogo. Conciliadora en...

A más acuerdo, mejor pacto». Con esta frase, Iñigo Urkullu tendió ayer la mano al Estado español con una oferta de diálogo. Conciliadora en las formas, encerraba de fondo algunas cargas de profundidad a la hora de abogar por «una nueva relación con España», como propuso Joseba Egibar en el debate. El lehendakari envolvió su mensaje en el celofán del diálogo y utilizó un acento europeísta, amable y pactista, que contrasta con el rupturismo del secesionismo catalán. Dos de sus propuestas concretas -cumplir el Estatuto y reconocer la realidad nacional de Euskadi- forman parte de un guion bien previsible. La tercera resulta toda una incógnita. Urkullu hace un planteamiento de parte con un modelo confederal para España, que antes de plasmarse en una reforma estatutaria exigiría una reforma previa de la Constitución. Apelar a la Disposición Derogatoria de la Constitución como si fuera la puerta abierta a la recuperación de la soberanía originaria vasca constituye un ejercicio de melancolía destinado al fracaso. Sobre todo en la actual coyuntura española y europea. Pensar que los derechos históricos pueden servir para ampliar desde el consenso el autogobierno vasco es casi ciencia-ficción. Y si esta baza cuenta ahora con el aval interesado de EH Bildu lo es porque forma parte de su estrategia para socavar la concertación entre nacionalistas y no nacionalistas.
Pero es cierto que la música de Urkullu suena con suavidad. Un «país de caramelo», que decía Lander Martínez. Pero un caramelo que puede encerrar su sorpresa y su truco. Es verdad que el lehendakari no explicitó el derecho a decidir, que eludió hablar de consulta habilitante y que solo a última hora sugirió la vía de Claridad de Canadá. Y que prefirió referirse a un sistema bilateral «con garantías». Pero a la vez propuso una nueva estructura territorial cuya puesta en marcha choca con el muro de la relación de fuerzas en España, con un centro-derecha cerrado en banda a cualquier revisión del modelo de Estado y con un Gobierno de Pedro Sánchez que navega cada día en aguas turbulentas, con un riesgo serio de adelanto electoral a la vuelta de la esquina. Asumir el principio de realidad es también admitir esa premisa.
El tono de ayer refleja una fase de entretiempo. El dilema se resolverá dentro de un año, cuando el PNV elija a sus compañeros de viaje. O sigue con la izquierda abertzale en un proyecto inviable con la legalidad o rescata la vía de una negociación con los partidos no nacionalistas. El término medio nos condena a una imposible cuadratura del círculo.
La brecha continúa abierta. El lehendakari se mueve en un territorio de equilibrios, alejado de la retórica esencialista pero con un margen de maniobra limitado por las contradicciones del mismo nacionalismo y la percepción paradójica de un país apacible. Ahora bien, sin cesiones en el preámbulo pactado entre PNV y EH Bildu, la reforma del Estatuto entraría en un proceso de desencuentro de consecuencias imprevisibles. Basta mirar de reojo a Cataluña para comprobarlo todos los días.
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