Una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que las diputaciones forales vascas n...

Una sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que las diputaciones forales vascas no tienen que indemnizar a las empresas que se beneficiaron de las denominadas 'vacaciones fiscales' -desgravaciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades-, que fueron declaradas ilegales por la Comisión Europea en 2001. Dichas empresas tuvieron que devolver estos beneficios fiscales, pero además con intereses de demora.
Según la sentencia difundida por el Supremo, «no concurren los requisitos legales para que las diputaciones forales vascas respondan en concepto de responsabilidad patrimonial» frente a empresas que fueron beneficiarias de los incentivos fiscales después declarados ilegales.
El Supremo ha fijado este criterio al resolver un recurso de la empresa 'Helados y Postres S.A.' que reclamaba una indemnización por parte de la Diputación Foral de Álava por responsabilidad patrimonial. La empresa argumentaba que había existido una manifiesta infracción del principio de confianza legítima y el de seguridad jurídica por parte de la Administración foral al dejar sin efecto un beneficio fiscal previamente reconocido, causándole un daño efectivo y evaluable económicamente.
En la sentencia, los magistrados argumentan que «la devolución de los importes a que se vio obligada la recurrente no constituyen un daño que la misma no tuviera el deber de soportar, sino el mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial».
Impuesto de Sociedades
Con carácter subsidiario, la empresa reclamaba que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Diputación sobre los 327.800 euros que hubo de pagar en concepto de intereses de demora por seis años (la devolución se hizo en 2007) al entender que esa demora era imputable a la Administración foral.
El Supremo desestima el recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de noviembre de 2016, que a su vez confirmó el criterio de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria, de 2015, que consideró ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación (de 2010) que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial que formuló la empresa por actos legislativos en materia de Impuesto de Sociedades.
La Sala III rechaza que se vulnerasen por la Diputación el principio de confianza legítima o el de buena fe «como principios generales de actuación de las Administraciones Públicas» al reclamar la recuperación de los incentivos fiscales indebidamente concedidos.
El Supremo cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE donde se expone que el derecho lesionado no sería el de los beneficiarios de las ayudas ilegales, sino el de los competidores que se encontrarían en una situación de desventaja. Por lo tanto, la devolución de los beneficios fiscales y los intereses no constituyen un daño para la empresa que se benefició de las 'vacaciones fiscales', sino «el mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial, que no debió ser alterada por la Diputación demandada».
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