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El Gobierno acompasará los pasos sobre presos a que se consensúen con las víctimas

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El Gobierno central no quiere pillarse los dedos con la cuestión de los presos de ETA . Zarandeado casi a diario por polémicas de todo tipo...

El Gobierno central no quiere pillarse los dedos con la cuestión de los presos de ETA. Zarandeado casi a diario por polémicas de todo tipo, el Ejecutivo del PSOE sí que está siendo especialmente cuidadoso en la gestión de la política penitenciaria. En este sentido, el gabinete de Pedro Sánchez acompasará los pasos para acercar y mejorar la situación de los presos de la disuelta organización a que sean previamente consensuados con las víctimas, según fuentes conocedoras de la situación.

En este sentido, las exigencias de las asociaciones, singularmente la principal asociación vasca de damnificados, la Covite de Consuelo Ordóñez, están siendo escuchadas y tenidas en consideración por el Gobierno socialista a la hora de diseñar sus políticas. Estas reivindicaciones han provocado que los movimientos para flexibilizar la política carcelaria sean más dosificados de lo que quisiera, por ejemplo, la izquierda abertzale. Covite también ha logrado, tras su reciente reunión con Hélène Davo, directora adjunta del gabinete de la ministra de Justicia francesa, que sus planteamientos modulen parcialmente las decisiones del Gobierno galo en esta materia, según las fuentes consultadas. Una modulación que ha causado cierto recelo en la delegación institucional y social de Iparralde que negocia desde hace un año con París mejoras para los internos.

Pese a todo, en el mundo de Sortu siguen poniendo en valor el hecho de que con el cambio de Gobierno en España se haya abierto por fin el camino para acercar a los presos y mejorar la situación de los enfermos. No obstante, lamentan que el verano se ha consumido con apenas un par de acercamientos, provocando cierta frustración en las familias de internos, y desearían una mayor velocidad en los cambios.

El Gobierno busca tejer confianza con las víctimas y crear un cortafuegos ante el PP y Ciudadanos

Los pasos del Ejecutivo no satisfacen las expectativas de Sortu aunque prima el hecho de que haya un giro

Una de las razones que han provocado que los primeros pasos dados por el Ministerio de Interior sean menos audaces de lo que se preveía ha sido la petición de colectivos de víctimas, como Covite o la AVT, de que cualquier paso se ciña a una serie de condiciones, como comenzar con reclusos sin delitos de sangre, enfermos, con la mayor parte de la condena cumplida o un «repudio» claro de ETA.

El Gobierno insiste en defender que «escucha a las víctimas pero que la política penitenciaria la decide finalmente el Ejecutivo». Pese a esta afirmación, el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska, hombre muy cercano históricamente a los damnificados, ha decidido acompasar todos los pasos en la materia a que tengan el aval previo de las víctimas, según los medios consultados. Ello provoca que el número de acercamientos se esté llevando a cabo de forma muy pausada, prácticamente a un ritmo de un par al mes, una cifra alejada de las expectativas de la izquierda abertzale.

En contraprestación, el Gobierno logra ganarse la confianza de las víctimas y, sobre todo, poner un cortafuegos para evitar que la cuestión penitenciaria se embarre y politice por parte de PP y Ciudadanos, que han amagado en estos meses con hacer oposición con los acercamientos y sacar a las víctimas a la calle. La cercanía de Marlaska con las asociaciones, a las que reunió en junio antes de mover ficha, ha llevado a los principales colectivos a pedir públicamente a populares y naranjas que no les «utilicen» y a dar por buenos los pasos dados. En este sentido, las fuentes consultadas resaltan la postura de Covite y Consuelo Ordóñez. La hermana del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, se ha erigido en una voz escuchada en Moncloa. Ordóñez ha modulado en los últimos meses su postura al no oponerse a los acercamientos y condicionarlos a que los internos expresen su «repudio» a ETA, incluso aunque arrastren delitos de sangre.

Instituciones Penitenciarias dice que algunos reclusos han comenzado a rechazar la violencia y pedir perdón

En este sentido, el Gobierno central aprecia una modulación en la postura de algunos presos. Al menos eso cree el secretario de Instituciones Penitenciaria, Ángel Luis Ortiz, un hombre clave a la hora de poner en práctica la nueva estrategia penitenciaria. Ortiz ha declarado esta semana en Radio Nacional que en las cárceles han comenzado a percibir cierto «cambio de actitud» y que algunos «condenados» han llegado a «rechazar la violencia, pedir perdón y hacer frente a la responsabilidad civil» y esto «no pasa desapercibido para la administración penitenciaria y se tendrá en cuenta a la hora de revisar la clasificación de grado», señaló textualmente.

Segundo grado

En principio, los presos de ETA sí que están determinados a dar nuevos pasos y profundizar en la asunción del daño causado si son progresados al segundo grado, régimen en el que reclaman ser clasificados al alegar que su comportamiento en prisión está siendo bueno. El Ejecutivo central, de momento, limita la cifra de reclusos «acercables de inmediato» a una treintena, pero está determinado a continuar con los traslados, como reiteró ayer el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza.

En Francia los acercamientos son más ágiles que en España, pero los colectivos de víctimas también han logrado introducir sus demandas en la agenda de Davo. Ordóñez se reunió con la delegada de la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, hace dos semanas y le arrancó el compromiso de no acercar a los miembros de ETA con delitos de sangre o integrantes de las últimas cúpulas, lo que podría ralentizar la culminación del traslado de todos los reclusos en suelo galo. Una situación que provoca el recelo de los Artesanos de la Paz y los cargos institucionales de la Mancomunidad del País Vasco francés, que habían abierto un espacio discreto de trabajo con Davo y ven ahora cómo el criterio de grupos como Covite comienza a tener cierta influencia en las decisiones de París.

En suelo galo, falta por acercar a 23 internos, aunque diez de ellos, lmujeres, no tienen esa opción al no existir módulos femeninos ni en Mont-de-Marsan ni en Lanemmezan. Quedarían así trece internos susceptibles de acercar a Iparralde. El Gobierno de Macron contempla también la opción de Muret, penal próximo a Toulouse situado a 420 kilómetros de Euskadi y que acoge a dos presos vascos, aunque el EPPK sigue apostando por los otros dos penales, mucho más cercanos.


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