El colectivo de víctimas Covite , junto a todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, han reclamado este jueves al ...

El colectivo de víctimas Covite, junto a todos los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles, han reclamado este jueves al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el Gobierno central no retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas policiales que presentó en su día el anterior Ejecutivo de Rajoy. Según avanzó el Gobierno Vasco esta misma semana, el gabinete de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar en su Consejo de Ministros de este viernes la retirada del recurso contra la ley vasca, tras acordarlo en la comisión técnica bilateral entre ambos gobiernos.
El Ejecutivo del PP recurrió tanto esa norma como otra ley navarra de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, cuyo grueso ha sido anulado por el Constitucional al estimar que invade competencias del Poder Judicial. El Gobierno Vasco, no obstante, garantizó a finales de la semana pasada que la ley vasca no será suspendida como la navarra porque el Ejecutivo central desistirá de presentar un recurso.
En su escrito dirigido a Interior, los colectivos firmantes advierten de que, si finalmente retira el recurso, el Gobierno estará tomando una decisión a sabiendas de «su injusticia» y de «su inmoralidad». A su juicio, se trata de una decisión «inaceptable», pues, al resultar posiblemente afectados «principios constitucionales de la mayor relevancia y derechos fundamentales de los ciudadanos», no puede tomarse como resultado de una negociación política.
Los autores del escrito sostienen que tanto la ley navarra como la vasca colaboran en la elaboración de un «relato del conflicto», construido «al gusto y en nombre de una convivencia que no está amenazada y que sólo lo estuvo durante décadas por los que ejercieron la violencia de manera organizada, sistemática e indiscriminada para forzar al Estado a aceptar sus exigencias». Es decir, una «memoria alternativa» para «blanquear el pasado criminal de ETA y ensuciar el de las víctimas del terrorismo».
Covite y los sindicatos policiales advierten de que, «frente a dicha indignidad» y ante la inacción de las instituciones, actuarán con todos los medios legales a su alcance.
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