El Supremo ha condenado a un exertzaina a una pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental continuada y por haber estafado...

El Supremo ha condenado a un exertzaina a una pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental continuada y por haber estafado a 142 vizcaínos con la venta de coches de alta gama. El exagente deberá ingresar en breve en prisión, ya que contra el fallo del alto tribunal no cabe recurso. La sentencia firme pone fin a un caso que se ha prolongado durante seis años en los juzgados. Los hechos tuvieron lugar entre 2006 y 2011 y fueron destapados por la Hacienda foral. Al fisco le pareció sospechosamente barato el precio reflejado en algunas de las facturas presentadas por la compraventa de vehículos nuevos de las marcas BMW, Mercedes, Volvo o Audi.
Los magistrados del Supremo han considerado probado que G. R. I. «engañó» a los 142 afectados, entre los que había numerosos compañeros de trabajo, policías locales y bomberos. Su 'modus operandi' consistía en captar a los compradores y acompañarles a Francia para adquirir los vehículos en concesionarios oficiales del país vecino. Cerraban un precio fijo, en el que supuestamente se incluían todos los impuestos legales y todas las comisiones. Posteriormente, los automóviles se entregaban, la mayoría de las veces, en Arrigorriaga.
La clave de la ganancia del acusado estaba en no pagar el IVA y parte del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte (IESDMT). Ese era el motivo por el que los interesados se ahorraban también, en un principio, un buen pellizco, en un negocio que parecía perfectamente legal, ya que había factura de por medio (aunque en realidad se trataba de una falsificación). El problema es que Hacienda se dio cuenta y empezó a exigir a los clientes del exagente cantidades de hasta 10.000 euros por no haber satisfecho las obligaciones fiscales.
G. R. I llegó a vender BMW de la Serie 3 por 23.000 euros, cuando entonces no se podían encontrar en los concesionarios por menos de 30.000. También algunos Mercedes por 21.000. Según las testificales de sus víctimas, la diferencia de precio la justificaba porque «en los establecimientos galos se ofrecen los mismos modelos que en España, pero con mejor equipamiento». Algunos de ellos también hicieron notar durante la vista que nunca desconfiaron del expolicía porque al tratarse de «una persona que representaba o había representado a la ley, no pensamos en esa posibilidad».
Más afectados
En su recurso ante el Supremo, el exfuncionario alegó que realmente no hubo «ningún perjuicio para los compradores porque, al final (teniendo en cuenta la reclamación de los impuestos), compraron vehículos por el mismo precio que se vendían en nuestro país». Los magistrados han rechazado de plano este argumento porque consideran acreditado que el precio estaba cerrado en origen y los afectados no tenían por qué soportar unas reclamaciones de Hacienda que les generaron numerosos problemas legales.
La sentencia del Supremo irá ahora a la Audiencia de Bizkaia, que ordenará el ingreso en prisión del exertzaina. Además, el acusado tendrá que indemnizar, en su conjunto, con más de 600.000 euros a sus 142 víctimas. Durante el juicio, el abogado que actuó como acusación particular, Rubén Gutiérrez, del despacho bilbaíno Crespy y Díaz, aseguró que la bolsa de fraude pudo ser mucho mayor, pero que no todos los afectados decidieron emprender acciones penales contra el exertzaina.
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