Yasory Adames Paulino se enfrentó a una situación de desahucio hace un año por el impago del alquiler de la casa en la que vivía con sus cu...
Yasory Adames Paulino se enfrentó a una situación de desahucio hace un año por el impago del alquiler de la casa en la que vivía con sus cuatro hijos, un chico y tres chicas, la mayor de las cuales, de 19 años, padece una discapacidad del 95%. «Durante un tiempo nos quedamos los cinco en casa de una amiga, pero era imposible seguir así y pedí ayuda al Ayuntamiento». Con la asesoría de una asistente social del consistorio, puso en marcha entonces la solicitud de la RGI, la reclamación de pensiones por la custodia a su expareja y otros procedimientos. En paralelo, empezaron los pasos para darle un techo. «Nos llevaron a una pensión, pero sólo para tres días y luego tuvimos que repartirnos entre casas de amigos hasta que el Ayuntamiento nos llevó a un piso».
Aquel piso era una de las viviendas de emergencia social de las que dispone el consistorio. «Ahora me dicen que ya he estado allí todo el tiempo que se puede estar y que me tengo que marchar. ¿Pero adónde voy a ir?». Yasory explica que su trabajo parcial como ayudante de cocina le proporciona «una nómina de 266 euros al mes. Tengo 4 personas a mi cargo y no recibo ninguna ayuda más que ese piso que compartimos con otras familias. Es imposible que pueda pagar un alquiler por mi cuenta».
Su trabajo parcial como ayudante de cocina le proporciona 266 euros al mes y no cobra RGI
La mayor de sus cuatro hijos, con 19 años, tiene una discapacidad que alcanza el 95%
El área municipal de Bienestar Social no se refiere a las situaciones particulares de personas que se hayan acercado al servicio, pero fuentes del departamento sí explican el protocolo que se sigue. «Esas viviendas no pretenden ser una solución definitiva. Se trata de que solventen una situación de emergencia mientras ayudamos a esa unidad familiar a encontrar una solución a su situación mediante un asesoramiento cercano y personalizado de una trabajadora social. Superado el plazo máximo o si hay algún tipo de incumplimiento, la persona (o unidad familiar) debe abandonar la vivienda». Sin embargo, inciden desde Bienestar Social, «nadie se queda en la calle. Si al tener que abandonar el piso la persona no tiene donde ir, se le facilita una habitación en una pensión de la ciudad que, sin ser indefinida, tampoco tiene un plazo determinado de uso».
«Para mí eso no es una solución», asegura Yasory. «La otra vez ya vi lo que era. Cinco personas en una habitación, no podíamos llevar nuestras cosas y ni siquiera había una cocina. ¿Comemos fuera todos los días? No puedo pagar eso».
Problemas administrativos
Todo sería más fácil si pudiera percibir un complemento a su salario a través de una RGI y acceder a las ayudas a la vivienda. «En abril, cuando se terminaba mi contrato, tuvimos un problema con el papeleo y eso me impidió cobrar el paro y me generó problemas para acceder a las ayudas». Ha podido volver a trabajar, con jornada parcial para poder seguir cuidando de su hijo y sus tres hijas, y está gestionando la situación ayudada por el personal de Bienestar Social, «pero ahora mismo, lo único que tengo es mi nómina».
Yasory llegó aquí hace 16 años desde República Dominicana. Las dos hijas que tenía entonces se quedaron allí mientras ella trabajaba a este lado del Atlántico para mandar un dinero con el que pudieran vivir en la isla. «Aquí conocí una persona y tuve dos hijos, pero cuando se fue, no se hizo cargo de nada, ni de la casa en la que vivíamos, ni de pasar una pensión para los críos». Para entonces, había completado el proceso para reagrupar a su familia y se encontró con cuatro menores».
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