La mayoría de los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra, dos de tres, han creído la versión del guardia civil de La Man...

La mayoría de los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Navarra, dos de tres, han creído la versión del guardia civil de La Manada sobre su interés en renovar el pasaporte y ha decidido mantener la libertad provisional con las mismas medidas cautelares para Antonio Guerrero.
Según las partes acusatorias, es decir, la Fiscalía, la acusación particular que representaba a la víctima del abuso sexual de los Sanfermines de 2016 y las acusaciones populares que representaban al Ayuntamiento de Pamplona y al Gobierno de Navarra, consideraron que el interés en renovarse el pasaporte constituía una ruptura de las medidas cautelares, por lo que Antonio Guerrero debería ingresar en prisión.
Sin embargo, el guardia civil aseguró que no tenía intención de renovar el pasaporte como prohibía el auto de libertad provisional, sino que tan sólo preguntó si, para entregarlo, debía renovarlo ya que el que poseía había caducado.
El pasado 5 de julio, se celebró en la Audiencia de Navarra una vistilla para revisar la situación del guardia civil. Dicha vistilla se prolongó por más de cuatro horas, cuando lo normal suele ser que no se extiendan más allá de una hora. En dicha vistilla declararon un total de diez personas entre el guardia civil, algunos familiares del mismo y los trabajadores de la oficina de expedición de pasaportes. Él mismo y sus familiares defendieron la tesis del miembro de La Manada.
Voto particular
Sin embargo, uno de los magistrados de la Sala Segunda, el presidente de la misma, José Francisco Cobo considera en un voto particular que Guerrero debería ingresar en prisión. Cobo esgrimió este voto particular para oponerse a la concesión de la libertad provisional y también para el auto conocido el pasado día 18 por el que se rechazaba los recursos presentados contra dicha puesta en libertad.
De esta forma, Antonio Guerrero continuará en libertad, igual que el resto de integrantes del grupo autodenominado La Manada, y con las mismas medidas cautelares, entre las que destacan su paso por los juzgados de Sevilla los lunes, miércoles y viernes, la imposibilidad de entrar en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde vive la víctima, y la obligación de estar localizables en todo momento.
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