La carrera en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 acaba de comenzar. El Gobierno ha anunciado este viernes el i...

La carrera en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 acaba de comenzar. El Gobierno ha anunciado este viernes el incremento del techo de gasto un 4,4% hasta los 125.064 millones de euros en 2019, es decir, 5.230 millones más que este año. Su objetivo es que el crecimiento económico sea «expansivo» y «justo» con los que peor lo han pasado durante la crisis, ha afirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda ha explicado que el Gobierno ha aprobado los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021 que se negoció con Bruselas la semana pasada que supone un aumento de la deuda con un respiro de 6.000 millones de euros para un mayor gasto, sobre todo, para Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Así, para 2019, el reparto queda en el 0,4 % del PIB para la Administración central (una décima más que en la anterior senda), el 1,1 % para la Seguridad Social (dos décimas más) y el 0,3 % para las comunidades autónomas (dos décimas más).
Pero ahora toca lo más difícil, que las Cámaras aprueben esta nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hay posibilidades de que no tenga la aprobación del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y aunque no hay una postura oficial al respecto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer dejó entrever su postura. En la votación tras la reunión de la ministra de Hacienda con las comunidades para informarles de este nuevo objetivo las autonomías dirigidas por el PP votaron en contra.
La ministra ha lamentado esta postura que liga a una cuestión «ideológica» del PP y ha apelado a la «sensatez» del partido en un asunto «de vital importancia para España» y que si no sale adelante las comunidades serían «las grandes perjudicadas» porque perderían, junto a la Seguridad Social, unos 5.000 millones de euros para el año que viene. De hecho, Montero ha recordado que si el Senado tumba el proyecto, «no hay plan B» y se volvería a la senda de estabilidad aprobada por el anterior Gobierno. «Sería difícil de imaginar que el propio Reino de España se autoimponga unas restricciones económicas más rigurosas de lo que le está pidiendo Bruselas», ha explicado.
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