La vivienda vacía es uno de los obstáculos que dificultan el acceso al mercado inmobiliario. Aunque el problema en Donostia no reviste la g...
La vivienda vacía es uno de los obstáculos que dificultan el acceso al mercado inmobiliario. Aunque el problema en Donostia no reviste la gravedad de otras capitales de igual o mayor tamaño, aquí también hay un porcentaje reseñable de pisos deshabitados que en nada favorece la caída de los precios de venta y alquiler.
Para conocer el alcance real del fenómeno, lo primero que hay que hacer es acotar la definición de vivienda vacía. Según la Ley de Vivienda de 2015, se considerará como tal aquella que permanezca «desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, salvo que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos previstos en esta ley».
El artículo 3 de la misma norma, de ámbito autonómico, establece que vivienda deshabitada es la que «incumple su función social», que no es otro que su «utilización conforme a la relación entre su tamaño y características y sus usuarios», descripción que previene tanto la desocupación como la sobreocupación.
La ley define la vivienda vacía como aquella que está «desocupada más de dos años» sin justificación
El Ayuntamiento les aplica un recargo en el recibo del IBI, pero la medida no ha estimulado el alquiler
Bajo este ordenamiento jurídico y con las herramientas de detección de que dispone, el Ayuntamiento estima que en el municipio hay 3.885 pisos vacíos, según los datos recopilados en el Plan de Vivienda presentado en marzo. Donostiako Etxegintza toma como referencia el Catastro Urbano de Gipuzkoa y cuantifica en 88.675 las viviendas construidas, por lo que el porcentaje de las que permanecen deshabitadas asciende a un 4,4% del total.
El Gobierno Vasco maneja sus propios cálculos sobre esta materia (7,2%), pero incluye las dos grandes tipologías aceptadas: las viviendas de temporada -destinadas a un uso vacacional- y las que se encuentran deshabitadas en sentido estricto. El primer grupo representa un 2,5% del parque inmobiliario y el segundo, un 4,7%, una cifra similar a la de casas vacías que maneja el consistorio donostiarra.
En los últimos años se ha registrado en Donostia un incremento en el peso de la vivienda deshabitada, que pasó del 6,7% al 7,6% entre 2013 y 2015. Sin embargo, tras la estabilización observada entre 2011 y 2013, este nuevo aumento tiende a acentuar el impacto del que se observó entre 2009 y 2011, cuando la proporción creció del 4,3% al 6,7%. Si se toma como referencia la etapa comprendida entre 2009 y 2015, la subida porcentual ha sido de 3,3 puntos, la mayor de las tres capitales vascas.
Los supuestos en los que un piso sin moradores no se considerará vacío se cuentan con los dedos de una mano y están descritos de forma precisa en la misma ley. Así, se entenderá que existe causa justificada para la desocupación en el caso de segunda residencia, traslado de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social, cuando su propietario la mantiene en oferta de venta o alquiler a precios de mercado o si el titular de la vivienda es una entidad sin ánimo de lucro que la destina a un uso concreto dirigido a determinados colectivos con fines sociales.
Centro, Amara Berri y Gros
Por barrios, los pisos que encajan en la descripción de deshabitado se concentran en el Centro (904 de un total de 13.279 viviendas construidas), Amara Berri (656 de 14.109), Gros (572 de 9.929), Antiguo (367 de 7.368), Altza (306 de 8.849) y Egia (287 de 6.970). Las cifras tienden a la baja en Intxaurrondo (164 de 6.824), Aiete (130 de 5.807), Ibaeta (114 de 4.071), Miracruz-Bidebieta (107 de 3.948), Ategorrieta-Ulia (76 de 1.650), Loiola (65 de 2.108), Martutene (43 de 1.250), Igeldo (33 de 577), Añorga (31 de 981), Miramon-Zorroaga (27 de 789) y Zubieta (3 de 153).
Si se establece una clasificación ordenada por porcentajes sobre el número de pisos existentes, también la encabeza el Centro -incluidos Parte Vieja y Muelle- con un 6,8%, seguido de Gros e Igeldo (5,7%), Antiguo (4,9%) y Amara y el eje Ategorrieta-Ulia (4,6%). Por debajo de la media del municipio (4,38%) aparecen Egia (4,1%) y, ya a cierta distancia, Altza, Martutene y el ámbito Miramon-Zorroaga (3,4%), Añorga (3,1%), Loiola (3%), Ibaeta (2,8%), Intxaurrondo (2,4%), Aiete (2,2%) y Miracruz-Bidebieta y Zubieta (1,9%).
Una vez definido el mapa de la vivienda vacía, el reto consiste en acertar con las medidas políticas para paliar el problema. La ley vasca representa un «salto cualitativo muy relevante» en la asunción por parte de las administraciones públicas de la necesidad de abordar el fenómeno mediante «políticas integrales y coordinadas».
Según se recoge en el último informe sobre la vivienda vacía del Observatorio Vasco de la Vivienda, son numerosas las referencias de prácticas que se presentan como exitosas, aunque responden a «contextos diversos», asociados a distintos ámbitos geográficos (municipal, comarcal, regional, estatal) y «realidades socio-económicas» y estrategias con «diferentes enfoques», algunas orientadas al desarrollo de «medidas punitivas» (fiscalidad, sanciones, alquiler o venta forzosa, expropiación o derribo) y otras de estímulo (beneficios fiscales, ayudas financieras...) de manera que «es imprescindible hacer una lectura adaptativa» de las mismas.
Las iniciativas desarrolladas en ciudades del Reino Unido como Liverpool, Manchester o Birmingham constituyen «uno de los modelos más completos» en el campo de la movilización de vivienda vacía a través de estrategias e iniciativas en el ámbito municipal, cuyo recorrido de más de una década en algunos casos permite contar además con unos resultados «contrastados y evaluados».
El informe también hace referencia a la experiencia catalana de la fundación Hábitat 3 por su dilatada experiencia. Se trata de una experiencia de colaboración público-privada para la gestión del parque público de viviendas de alquiler, que también busca mitigar el problema que supone una insuficiente oferta de viviendas de este tipo, a través de la movilización de viviendas vacías del ámbito privado.
Desde hace algunos años, el Ayuntamiento ha intentado poner coto a los pisos deshabitados aplicando recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles, medida que no ha ofrecido los resultados esperados en cuanto a la salida de estas viviendas al mercado. De hecho, ante su falta de efectividad, el gobierno municipal decidió bajar el gravamen del 50% al 25% sin haber logrado sus objetivos ni plantear soluciones alternativas hasta la fecha.
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