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Las empresas de comedores escolares culpan al «diseño del concurso»

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«Las condiciones de competencia se encontraban muy limitadas por el diseño del concurso» de comedores escolares, y esa cuestión «correspond...

«Las condiciones de competencia se encontraban muy limitadas por el diseño del concurso» de comedores escolares, y esa cuestión «correspondía al Gobierno Vasco». Así se expresó ayer Fernando Gazpio, director gerente de Gastronomía Vasca, una de las cuatro empresas de restauración que ya han abonado la millonaria multa por concertar el reparto del servicio de comedores escolares entre 2003 y 2015, y que ayer comparecieron en la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades políticas en este caso. Todos los representantes de los catering coincidieron en que los «exigentes» pliegos del concurso elevaban «la barrera de entrada» a los potenciales adjudicatarios, negaron cualquier práctica colusoria entre ellos o con el Gobierno Vasco y, al igual que hizo en la sesión anterior la portavoz del grupo Auzolan, reprobaron una condena basada «en indicios» y «no en pruebas». Además, algunos aseguraron haber «sido juzgados y sentenciados socialmente sin posibilidad de defensa», pese a que los parlamentarios les recordaron que el otoño pasado todos rehusaron la invitación de comparecer en la Cámara al estar el caso aún abierto en los tribunales.

En esta ocasión, y durante cuatro horas, los responsables de las cuatro empresas con sentencia ya firme acudieron a la Cámara para explicar y defender las razones que, a su entender, justifican el resultado de las adjudicaciones en los sucesivos concursos celebrados durante aquellos años. Las más relevantes: los altos niveles de calidad y capacidad que exigían los pliegos, y los criterios de evaluación para que las empresas pudieran homologarse y optar a los lotes ofertados.

El primero en intervenir fue el responsable de Gastronomía Vasca (o Gastronomía Baska, según su actual denominación), que aún digiere «el golpe importante» que le supuso abonar los 618.490 euros impuestos por el TSJPV. Gazpio negó cualquier «concertación maliciosa» entre las siete empresas implicadas, recalcó que no «existió contacto» alguno para repartirse el mercado, y aseveró que los resultados de las adjudicaciones eran «consecuencia natural» del proceso, dados los criterios de evaluación esgrimidos para que los catering pudieran homologarse, primero; y optar después a la adjudicación de los 8 lotes en concurso. Según Gazpio, en los años investigados puntuaba más «la capacidad logística que el precio de la oferta», que se «ajustaba» al mercado.

Capacidad logística

El representante de Gastronomía Vasca aseveró que ahí radicaba una de las «mayores limitaciones» para cualquier empresa, en superar la primera criba por la «capacidad» logística que podían acreditar para atender el servicio con «menús transportados en caliente», una modalidad requerida cada vez por más centros escolares y que, a su juicio, determinó que hasta 2011 solo las siete empresas sancionadas fueran homologadas en la primera fase al disponer de las instalaciones, condiciones técnicas y de personal suficientes.

«El número de lotes, ocho, correspondía al número de empresas homologadas, siete (una, Auzolagun, tenía capacidad para dos lotes)», por lo que el resultado de las adjudicaciones «era el único posible», aseveró el empresario, ya que cada catering optaba «al lote que mejor conocía, tanto por el área de actuación (el más cercano a sus comedores centrales), por los tiempos de transporte o por la gestión de personal». En su caso era el lote 4. «¿Por qué iba a concertar nada si por el diseño del sistema tenía acceso a ese lote?», se preguntó Gazpio tras reprochar la «sensación de injusticia y desprotección» que les ha dejado la condena.

Tras él, el gerente de Gastronomía Cantábrica lamentó «el daño a nuestra reputación» y la «condena social» que a su juicio se ha fraguado en paralelo a la de los tribunales. Y focalizó el caso en el modelo de «gestión directa» en los comedores de la red pública a finales de los 90, que «marcó un antes y un después en el servicio». Antonio Sánchez defendió «un sistema sin parangón en el Estado» por sus «estándares de calidad», y consideró que el concurso sí permitía la «libre competencia», pero exigía «ponerse las pilas» a las empresas para superar las condiciones logísticas y de calidad y seguridad alimentaria exigidas en los pliegos. «Yo he sufrido para superarlos», dijo, porque «el Gobierno Vasco requería primero adaptarse a las condiciones y luego recibir los cubiertos», no al revés. Y por eso, defendió su honorabilidad pese a que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJPV y satisfecho ya los 650.664 euros de multa. «Un palo muy gordo».

A las «fuertes inversiones» que requería el sistema para optar a los lotes también se refirió el consejero delegado de Tamar, otra de las empresas multadas con 443.339 euros y que ha pedido al Supremo «aclaraciones» sobre la inadmisión de su recurso de casación. Luis Benítez defendió que si la empresa denunciante, Aibak, hubiera hecho lo mismo, «seguramente hoy no estaríamos aquí». El responsable de Tamar aseveró que el Gobierno Vasco «nunca nos ha dicho a qué lotes o por qué precios» concurrir; y aludió a la «confianza legítima» que tenían en que la Administración controlaba todos los términos del concurso.

«Precios de mercado»

Benítez defendió que los precios que fijó su empresa para hacerse con alguno de los lotes «son totalmente de mercado» y que, con menús «de primero, segundo, postre y pan» a un coste de entre 1,4 y 1,7 euros, «y ajustado además en gramos a las edades de los alumnos», «poco perjuicio se puede hacer a las arcas públicas». El responsable de Tamar aseveró que sus ofertas se basaban en mera «estrategia empresarial», y asumió que se quedó fuera de la homologación en 2011 tras modificarse las variables del concurso y los criterios de puntuación. Defendió el «sistema de gestión directa» y consideró que, aunque se pueden «mejorar los pliegos o revisar el número de lotes», ahora establecido en 18 y no en 8, si una empresa no se «homologaba» era porque no cumplía los requisitos exigidos.

Por último, el director de asesoría jurídica de Eurest Euskadi y Eurest Colectividades, José María Oreja, negó cualquier «práctica colusiva ni acuerdo anticompetitivo» alguno ni con el resto de empresas ni con el Gobierno Vasco, y recalcó que «las acciones en los diferentes concursos» de sus empresas de restauración «siempre se basaron en un punto de vista económico y empresarial independiente para cumplir los requisitos de las licitaciones».

Oreja constató que el TSJPV asumió en su fallo que el «diseño de las licitaciones podía representar limitaciones competenciales», y recurrió a ese argumento para defender, pese a la multa firme de 2,6 millones que han pagado, que la «tremenda exigencia» del concurso público ejercía «como barrera de entrada» para las empresas que no disponían de medios técnicos suficientes para atender el servicio, según «las reglas de juego» establecidas por el Gobierno Vasco en un concurso, al que todas pueden seguir optando.

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Las empresas de comedores escolares culpan al «diseño del concurso»
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