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La Audiencia Nacional también considera probada la financiación en B del PP de Camps

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«El PP valenciano financió sus campañas electorales de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva». La Audiencia Nacional, en la ...

«El PP valenciano financió sus campañas electorales de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva». La Audiencia Nacional, en la sentencia sobre la red valenciana de Gürtel, considera probado que la formación que lideraba Francisco Camps (que no se sentaba en el banquillo de los acusados en este sumario) pagó actos electorales con donaciones en B de empresarios que resultaron adjudicatarios de concursos y a través de facturaciones ficticias de la trama que dirigía el propio Francisco Correa. La sentencia conocida hoy, firmada por el titular del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, describe, en síntesis, una contabilidad paralela muy similar a la usada por el PP nacional, según el fallo que la Audiencia Nacional dio a conocer el pasado 24 de mayo sobre la 'primera época' de la 'trama Gürtel'.

En la sentencia de hoy, la Audiencia Nacional condena a Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, a cuatro años de cárcel. Costa, en el juicio sobre las actividades en Valencia de Gürtel, se convirtió en el primer político del PP en reconocer la financiación irregular.

La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de 5 años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez ('El bigotes'), de 6 años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa. A Correa se le reconoce además la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. Las penas van desde los 4 meses de cárcel a los 6 años y 9 meses para 18 de los 20 acusados, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008.

Además de Costa, entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la ex gerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla ha sido absuelto.

Financiación opaca

La sentencia da credibilidad a la confesión de Costa, hasta el punto de considerar que «esta declaración de Costa, corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PP Comunidad Valenciana tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito».

El fallo explica que «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».

Afirma la sentencia que para desarrollar el plan de campaña, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios, infringiendo la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas. «Quienes abonaron a Orange Market SL parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las Administraciones Públicas no podían hacer donaciones al Partido Popular. Por ese motivo, los pagos que hicieron a Orange Market SL. de la deuda con dicha sociedad que tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market SL a aquellas, pero que realmente no se había producido», explica el fallo de la Audiencia.

Más de un millón de euros sin facturar

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por la sociedad Orange Market SL y por el PPCV por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008, «sin embargo- señala el juez- fue muy superior el servicio que encargó y recibió de Orange Market SL». En concreto, la sentencia cifra en 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las autonómicas de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por Orange Market SL y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización.

La sentencia detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PPCV y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados. Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en «B».

La sentencia ha tenido en cuenta para rebajar las penas a los 9 empresarios acusados que antes del juicio reconocieron y consignaron las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias. Por las mismas razones se aplica también atenuante a Francisco Correa que en su caso, además, depositó 2.060 748 euros, el importe en el que se cuantificaba lo que Orange Market había defraudado a Hacienda.

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La Audiencia Nacional también considera probada la financiación en B del PP de Camps
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