Macro operación de la Policía Nacional contra una red dedicada a financiar a organizaciones independentistas catalanas a través del fraude ...
Macro operación de la Policía Nacional contra una red dedicada a financiar a organizaciones independentistas catalanas a través del fraude de subvenciones a países subdesarrollado de la Diputación de Barcelona. Los agentes tienen previsto detener a más de una treintena de personas en Cataluña. En el operativo, ordenado por el Juzgado 1 de Barcelona, participan más de 500 agentes y 30 agentes judiciales. Están previstos decenas de registros.
La operación se denomina Estela y se desarrolla en las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona y Gerona. A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Los agentes realizan registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas.
La operación contra esta trama de corrupción es el resultado de dos años de una laboriosa investigación realizada por agentes de la UDEF. La investigación se centra en proyectos de aguas, recogida de residuos, entre otras cuestiones, que nunca llegaron a realizarse y cuyos fondos fueron desviados a cuentas particulares.
Según las primeras indagaciones llevadas a cabo por la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, ese dinero —que estiman en al menos 10 millones de euros en el periodo investigado— nunca llegó a sus destinatarios sino que sirvió para lucros personales y, presuntamente, para financiar el 'procés', «a la luz del fuerte compromiso independentista de los detenidos, algunos de los cuales tienen empresas ligadas al proceso secesionista catalán», explican.
Entre los arrestados hay un aforado, miembro del Parlament de Cataluña, y muchos de ellos «son personas muy cercanas a Quim Torra», el nuevo presidente de la Generalitat designado por Carles Puigdemont desde Berlín, donde se encuentra a la espera de lo que decida un tribunal decida si entregarlo a o no a España donde está procesado por un delito de rebelión y sedición. Además, y siempre según fuentes de la investigación, se trata de personas «muy relacionadas con el ámbito internacional».
Según informan fuentes de la investigación, la mayor parte de los detenidos han ostentado puestos directivos y técnicos en organismos públicos catalanes. De confirmarse las sospechas de los investigadores, también se confirmaría por primera vez que el proceso del independentismo catalán se ha valido del dinero público para llevarse a cabo. La fuente de financiación del procés es una de las principales cuestiones desde la celebración del referéndum secesionista del pasado 1 de octubre que, hasta el momento, no ha podido ser probada.
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