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La familia de la errenteriarra Beatriz Hernández Rivas, fallecida en 2015 en Villabona, tras una colisión frontal con un camión conducido por un chófer que multiplicaba por ocho el límite sancionable, pide al Tribunal Supremo que se rechace íntegramente el recurso interpuesto por el abogado del camionero y confirme la condena de doce años y medio que le impuso la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. El letrado Iñaki Sánchez, que representa a la acusación particular que ejerce la familia, afirma que «resulta peregrina» la solicitud de pena de dos años que ahora reclama el abogado del chófer cuando en la vista oral el anterior letrado que le presentó solicitó tres años.
La familia de la víctima se opone a las pretensiones del nuevo abogado del camionero kamikaze, que pide al Alto Tribunal una rebaja de diez años respecto a la pena que le fue impuesta por la Audiencia de Gipuzkoa. El letrado Juan Román Zubillaga solicitó la revocación de la sentencia y que en su lugar se dictase otra de dos años por homicidio imprudente grave y no doloso, tal como apreció la Sección Primera. La defensa sostuvo que en el momento de los hechos el acusado se hallaba totalmente mediatizado por el consumo de alcohol, además de por la toma de medicamentos para la tensión, «que le hizo desinhibirse totalmente de su comportamiento».
La acusación particular, sin embargo, se opone a todos los motivos esgrimidos por la defensa y argumenta que efectúa «una serie de consideraciones de parte nada objetivas», acompañadas en algunos casos de extractos de sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, «de las que se hace una interpretación interesada y parcial en su afán de sustituir el criterio de la Sala sentenciadora por el suyo propio».
La acusación señala que lo que la defensa «viene realmente a cuestionar es la valoración probatoria que realizada la Audiencia Provincial», que califica de racional y lógica, y pretende sustituir «por la suya propia».
Falto de rigor jurídico
El letrado de la familia Hernández afirma asimismo que el recurrente, «de manera inaceptable», efectúa una serie de valoraciones «carentes de soporte probatorio, que ni siquiera han sido objeto de prueba». De igual manera, estima que algunas «valoraciones y expresiones» de la parte defensora, tales como 'darse un homenaje' o 'dormir la mona en un camión' están fuera del contexto y carecen del «necesario rigor técnico-jurídico en un procedimiento extraordinario como este».
A juicio de la acusación particular, «resulta inasumible» la pretensión de la defensa respecto a que los hechos sean calificados de homicidio imprudente, «por que la imprudencia exige una ausencia total de 'dolo homicida' y en el presente caso no hay duda de que el mismo ha existido».
La defensa del acusado había solicitado una pena de dos años por homicidio imprudente
La acusación considera «inasumible» la pretensión de que se considere homicidio imprudente
Por estos y otros argumentos estrictamente jurídicos, el letrado Iñaki Sánchez solicita del Tribunal Supremo que desestime íntegramente el recurso de la defensa y confirme la condena de 12 años y 6 meses que al camionero le fue impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
Los hechos que son objeto de este proceso tuvieron lugar sobre las once de la noche del 3 de agosto de 2015 cuando Beatriz Hernández Rivas se dirigía a su trabajo, en la empresa Angulas Aguinaga de Irura. En su recorrido, la víctima se encontró de frente con el camión conducido por el acusado, que se había incorporado en sentido contrario desde la estación de servicio de Alegia y que circuló nueve kilómetros hasta llegar a Villabona.
El impacto y el posterior incendió del vehículo causaron el fallecimiento de la errenteriarra. En el momento de los hechos, el 'kamikaze' dio una tasa de 2,3 gramos de alcohol por litro de sangre, con lo que prácticamente multiplicaba por ocho el límite sancionable desde el punto de vista administrativo.
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