Ignacio Alday, jefe de la investigación abierta por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) que provocó una millonaria sanción a siete e...
Ignacio Alday, jefe de la investigación abierta por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) que provocó una millonaria sanción a siete empresas por repartirse los contratos del servicio de comedores de los colegios públicos del territorio, ha asegurado este lunes que las firmas actuaron con impunidad durante una década porque el Gobierno fue «permisivo». Así lo ha asegurado durante su comparecencia en el Parlamento, que ha abierto hoy una comisión de investigación para determinar si existieron responsabilidades políticas por la actuación de un cártel cuya existencia ya ha sido constada por los tribunales.
Tras recibir una denuncia de Aibak S.L., empresa que se quedó fuera de las adjudicaciones reiteradamente entre 2003 y 2015, y cuyo responsable dejó constancia ante notario del reparto que iba a producirse entre las firmas que concurrían antes de que se anunciara, la AVC investigó la trama. «No conseguimos pruebas», ha reconocido este lunes Alday, pero sí «indicios suficientes». Para el organismo de control quedó probado que los negocios implicados (Cocina Magui, Auzo Lagun, Cocina Goñi, Gastronomía Baska, Tamar, Gastronomía Cantábrica y Eurest) pactaban el reparto.
Según la AVC, la «connivencia» fue tal durante una década que en 2013 cada firma solo se presentó a la licitación de la zona geográfica que iba a gestionar proponiendo los precios máximos que permitía el Departamento de Educación. «Presentar solo una oferta cuando había ocho lotes a concurso es una forma de actuar ilógica desde el punto de vista empresarial que deja todo en evidencia», ha resumido Alday. Se estimó que el daño a las arcas públicas era de 85 millones de euros, y en 2016 se impuso a las implicadas una multa de 18 millones que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco redujo a 7,2.
Filtro previo
Con ese marco, la comisión de investigación del Parlamento trata ahora de determinar si hubo miembros de los sucesivos gobiernos autonómicos entre 2003 y 2013, en los que Educación estuvo gestionada por EA, PSE y PNV, implicados en la trama. Joaquín Arratibel, responsable de la denunciante Aibak que falleció en 2016 pero que ya compareció dos años antes en la Cámara y cuyo testimonio también se ha recuperado hoy, consideraba que sí. A su juicio, las siete empresas implicadas se repartían el mercado porque una firma homologadora contratada por el Ejecutivo vasco y que «también asesoraba a las implicadas» -Laboratorios Araba-hacía un filtro previo al concurso. La Fiscalía ya investigó posibles causas penales pero archivó el caso.
Lo que sí queda claro es que dos años después de la sanción y de que la práctica trascendiese, la situación sigue siendo similar a la de antes. Pese a que el Gobierno Vasco flexibilizó en 2015 los requisitos que exigía a las empresas aspirantes para que un mayor número pasaran ese primer filtro, y que el servicio de comedores pasó de dividirse en 7 lotes a 18, la última adjudicación volvió a dejar todos los servicios en manos de seis de las siete firmas sancionadas. Concurrieron ocho aspirantes de las que dos -Aibak y Gastronomía Baska- no consiguieron hacerse con ningún servicio. En aquel concurso sí que pudo verse la concurrencia que no hubo los años atrás ya que fueron varios los negocios que aspiraron a cada lote.
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