La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha anunciado este viernes que la Diputación desea cerrar «cuanto an...
La diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide, ha anunciado este viernes que la Diputación desea cerrar «cuanto antes» algún contacto o reunión con la Comisión Europea, tras la sentencia contraria a los peajes para camiones en la N-1 y la A-15, en la que podrá aportar ya datos concretos sobre el uso de un sistema que rechaza el sector del transporte.
Oiarbide ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales, en la que ha comparecido a petición propia, acompañada por el catedrático Juanjo Álvarez, uno de los firmantes del informe jurídico encargado en su día por la Diputación, y por Juan Ramón Ciprián, responsable de los servicios jurídicos de la institución foral.
La diputada ya advirtió el pasado martes, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno Foral, de que «no hay marcha atrás en la implantación del peaje para camiones» y que, de hecho, «no contemplan otro escenario» pese a la sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Oiarbide se ha reafirmado este viernes en su postura al confiar en el «recorrido» que tendrá el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que interpondrá la Diputación y al afirmar que «de un modo u otro este peaje seguirá adelante».
Pese a que todos los grupos de la oposición han preguntado a Oiarbide qué ocurrirá si se cumple el peor de los pronósticos, la diputada ha expresado su convencimiento de que «las cosas se han hecho bien» y de que el sistema implantado, con el aval jurídico de la Comisión Europea, «no incurre en ninguna discriminación» entre transportistas.
«Lo vamos a defender. Hay razones y posibilidades de que tenga recorrido», ha subrayado Oiarbide, quien ha anunciado que la Diputación intentará cerrar algún contacto con la Comisión Europea en el que podrá presentar ya datos de funcionamiento de este sistema tras sus tres meses de andadura que, de alguna manera, avalarían la postura foral.
Oiabide ha defendido también que, tras la resolución del alto tribunal vasco, se sigan cobrando estos peajes ya que la «sentencia no es firme» y, en su opinión, «no tiene sentido hacer otra cosa».
Juanjo Álvarez, por su parte, ha aclarado que la sentencia «no tumba» el sistema de peajes y tampoco entiende que éste sea contrario al derecho europeo.
El responsable de los servicios jurídicos de la Diputación ha argumentado que en este caso se dan los requisitos formales para que el recurso de casación sea viable ante el Supremo y ha coincidido con Oiarbide en que el «tema sí tiene recorrido».
Tramos libres de pago
Respecto a la existencia de tramos en la N-I, en concreto entre Lasarte Oria y Andoain y entre Andoain e Idiazabal, que quedan libres de pago, Ciprián ha señalado que los motivos que justifican esta decisión se explican en el informe que fue remitido a la Comisión Europea para que elaborara su dictamen. Ha precisado, en este sentido, que el primero de estos tramos no es utilizado habitualmente por el tráfico pesado ya que supone un recorrido más largo que el de la A-15 y tiene limitaciones de velocidad que lo hacen menos competitivo.
En cuanto al segundo, el que discurre entre Andoain e Idiazabal, tiene 32,6 kilómetros en los que hay 18 entradas y salidas de carreteras lo que implicaría, en el caso de implementar un sistema de peajes, la colocación de «múltiples pórticos» con los costes que eso generaría. Además, este tramo de la N-1 sirve como variante para diez localidades, ha añadido.
Postura de los grupos de las Juntas
El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, ha opinado que continuar con el sistema de peajes tras «el varapalo del TSJPV es un tremendo error político», mientras que la representante de Podemos, Mónica Mora, ha expresado su preocupación por una sentencia que «supone un golpe a la credibilidad del gobierno foral».
El procurador del Partido Popular, Juan Carlos Cano, ha pedido que la solución que se adopte no pase por colocar aún más cargas sobre los hombros de los transportistas locales.
Julio Astudillo (PSE) ha dicho que su grupo se opone a que la conservación de la N-1 sea sufragada únicamente por los guipuzcoanos con sus impuestos, mientras que María Eugenia Arrizabalaga (PNV) ha recordado que la norma foral reguladora de estos peajes fue aprobada en Juntas sin ningún voto en contra ya que PNV, PSE y PP votaron a favor, mientras que EH Bildu y Podemos se abstuvieron.
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