Cuatro meses después del inicio del juicio de la pieza política de los ERE ha llegado uno de los momentos más esperados, la declaración del...
Cuatro meses después del inicio del juicio de la pieza política de los ERE ha llegado uno de los momentos más esperados, la declaración del expresidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a hasta seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. La primera parte del interrogatorio del fiscal ha sido muy técnica, centrada en la normativa tanto estatal como regional para la concesión de estas ayudas, y ha asegurado al ministerio público que desconocía la partida 31-L de donde se pagaron las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante más de una década, jutificándo ese desconocimiento en que como responsable de Hacienda su labor se limitaba únicamente a cuadrar los planes de gasto de cada consejería con los ingresos y el objetivo de déficit.
Sereno y muy tranquilo, Griñán ha sacado su faceta más didáctica para ofrecer al fiscal toda una sesión magistral sobre normativa en materia ayudas sociolaborales. Así, ha subrayado que se creó una categoría debido a que durante los años 80, tras la reconversión industrial, hubo una serie de trabajadores que se quedaban descolgados porque sus empresas pertenecían a otros sectores, porque se declaraban insolventes o porque a los trabajadores se les agotaba la prestación por desempleo antes de poder cobrar la jubilación, por lo que desde el Gobierno central se quiso tapar ese vacío.
Griñán ha sido interrogado acerca de su conocimiento por el pago de las ayudas en la Consejería de Empleo, insistiendo en que desconocía la partida 31-L, que llegó a ser denominada inicialmente como «fondo de reptiles» por el director general de Trabajo Javier Guerrero, por la que se concedían esas ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. No fue hasta saltar el escándalo cuando conoció sobre ella, justificando en cualquier caso que era una partida «insignificante» en la Consejería de Empleo –aunque era el más importante de Empleo-- y que había otras áreas, como Salud, con mayor volumen de gasto. Un consejero, ha añadido, no puede conocer hasta ese detalle todos los programas presupuestarios en una administración que tiene 250.000 funcionarios.
El expresidente andaluz ha ratificado además su declaración ante el Tribunal Supremo en 2015, cuando siendo aún senador la instrucción apuntó a su posible implicación en la causa. Ante el alto tribunal reconoció que el supuesto fraude de los ERE fue una «barbaridad» y que unas ayudas dadas de forma «aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política y penal». Ya a la salida del alto tribunal, afirmaría que «no hubo un gran plan, pero si un gran fraude», en alusión a que pese a lo sostenido por la juez instructora Mercedes Alaya no hubo una confabulación en los escalones más altos del ejecutivo para implantar un sistema que favoreciera la ilegalidad, sino que se hizo una mala gestión de ese sistema. Tras esa declaración y su posterior imputación, tanto Manuel Chaves como Griñán abandonaron sus escaños en las Cortes Generales, allanando el camino a que Cs apoyara la investidura de Susana Díaz, y rompieron el carné del partido.
La declaración de Griñán se produce después de que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, haya rechazado seguir respondiendo a la preguntas del presidente del Tribunal porque estaba «temeroso y aturdido». Cuando concluya su interrogatorio, será el turno de su antecesor en la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, cuya declaración está prevista para la próxima semana. Será después cuando se produzcan las citaciones de los 150 testigos.
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