Cataluña está rota y la legislatura española, en el aire. Son las dos consecuencias más inmediatas -al margen de las personales, enormement...
Cataluña está rota y la legislatura española, en el aire. Son las dos consecuencias más inmediatas -al margen de las personales, enormemente serias, de los procesamientos por rebelión, malversación y/o desobediencia- de las resoluciones del juez Llarena que han descabezado en las últimas horas a la cúpula del procés independentista en Cataluña. Siempre resulta muy perturbador en democracia que la justicia irrumpa en lo que llamamos politica -en ocasiones con mucha manga ancha-, aunque no sea la primera vez que esto ocurre. Basta recordar los procedimientos ante los tribunales contra los gobiernos de Felipe González por los crímenes de los GAL y la corrupción de los años 90 o las sucesivas ilegalizaciones de Herri Batasuna y sus marcas afines. Se dirá, y con razón, que las actuaciones contrarias a la ley que han venido protagonizando los dirigentes del secesionismo no pueden equipararse con la gravedad de los delitos mencionados. Como puede resultar discutible que el documentado relato de Llarena sobre los días febriles de otoño en los que la Cataluña institucional y la movilizada en la calle soñaron con poder torcer el brazo del Estado para proclamar la república desemboque en la calificación penal más dura de las posibles, esa rebelión que se creía poco menos que una antigualla del Código Penal que no sería necesario aplicar ya nunca. Pero una de las cosas a la vez más sorprendentes y más ilustrativas al tiempo del círculo imposible en que está sumido el país de los catalanes es que los protagonistas de la fallida Declaración Unilateral de Independencia no valoraran el riesgo al que se exponían y al que exponían, por extensión, a toda una sociedad que ha perdido su valioso autogobierno a costa del artículo 155. Que pensaran que saltarse la Constitución y el Estatut para encaminarse, sin una mayoría social consistente y forzando un referéndum ilegal, hacia la ruptura con España no tendría consecuencias. Que el Estado, en definitiva, no se iba a atrever ante lo que ellos sí se estaban atreviendo. No es un detalle nada menor que quien siempre ha estado en la peana del poder, quien está inhabilitado y con su patrimonio intervenido por situarse al frente de la manifestación separatista, el muy experimentado Artur Mas, sea el único -junto a Marta Pascal y Neus Lloveras- que ha logrado quedar al margen del procesamiento sin contemplaciones del instructor del Supremo.
Es un hecho que la judicialización del procés, como derivada -hoy incontrolable también para él mismo- de la inacción de Mariano Rajoy, apenas deja resquicio a la política y a algo de vida pública normalizada en Cataluña. Es una denuncia que va de suyo dadas las circunstancias. Pero un análisis más riguroso obliga a preguntarse por qué tipo de política se viene desarrollando en la comunidad catalana. Incluso, llevando la cuestión al extremo, si la ejecutoria del soberanismo en el último lustro cuadra dentro de la política, de la buena política; entendiendo como tal una gestión realista y consciente del bien común que representan el autogobierno y el pluralismo y realista, también, de las aspiraciones que se albergan, especialmente si estas tienen que ver con algo tan extremadamente delicado como romper los lazos con el Estado al que se pertenece aunque sea a regañadientes. Que la dirigencia del procés pareciera instalada en una burbuja sin conciencia de los efectos de sus actos supone, cuando menos, una defectuosa manera de hacer política, en la que no han incurrido, por cierto, ni el lehendakari Urkullu ni el PNV de Ortuzar más allá de su comprensión o empatía hacia la causa catalana. Ni Cataluña ni los responsables soberanistas estarían seguramente en la situación en la que se encuentran si Carles Puigdemont no hubiera cedido a las presiones, entre otros, de Marta Rovira y hubiera sdo él quien, con sus atributos presidenciales intactos, hubiera convocado elecciones anticipadas. Ambos se encuentran hoy en búsqueda y captura internacional. La política es igual de deficitaria que la española que se denuncia cuando se intenta montar en la sombra un poder judicial solo con magistrados afines al secesionismo o cuando se vulneran flagrantemente los derechos de la oposición, como sucedió en los plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre. El manejo de la política se convierte en desastroso cuando ante el triunfo electoral del 21-D, prima la obcecación personal y partidaria -de Puigdemont a la CUP- antes que lo urgente y esencial, que era formar un Gobierno sin el lastre de las causas penales y levantar el corsé del 155. Y que la politica es un erial hoy en Cataluña queda demostrado, al fin, en el pleno de investidura sin votación de esta mañana, en el que bajo las proclamas indignadas y los sentimientos a flor de piel ha quedado la constatación de que el país sigue sin presidente. Y que los representantes del independentismo han evitado cualquier gesto o decisión de trascendencia parlamentaria que pueda acarrearles nuevas cargas judiciales.
Cataluña está rota y la legislatura española, en el aire. El tiempo muerto en torno al 21-D se ha necrosado sin remedio a la vista.
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