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Protección de Datos advierte de que la huella digital en Lanbide no puede ser obligatoria

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El proyecto de Lanbide de extender la huella digital para identificar a los usuarios y a los trabajadores en las oficinas del servicio vasc...

El proyecto de Lanbide de extender la huella digital para identificar a los usuarios y a los trabajadores en las oficinas del servicio vasco de empleo, donde se gestiona la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), acaba de encontrar un obstáculo añadido al de la polémica suscitada por la medida: la normativa europea sobre protección de datos que entrará en vigor el próximo 25 de mayo. Margarita Uria, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, hizo saber ayer que esta nueva legislación entra en colisión con la implantación de la huella digital que pretende el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, ya que no se puede obligar a los usuarios a utilizar ese sistema de identificación, sino que debe contar con su consentimiento previo y expreso de los afectados.

Lanbide quiso matizar después que «mantiene su proyecto de mejora de la gestión de sus servicios, entre ellos la identificación de identidades», a través de la huella digital a todos los usuarios. «Esta exigencia se hará, en todo caso, respetando los derechos de la ciudadanía y cumpliendo escrupulosamente con toda la legislación. La exigencia de este control tiene su base en la mejora de cualquiera de los servicios que presta Lanbide, a la vez que incorpora las posibilidades de uso de la identidad digital con la consiguiente ventaja para la persona usuaria y siempre sujeta a todo tipo de garantías jurídicas».

La advertencia de Uria llegó ayer en la comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco, donde intervino a petición de Elkarrekin Podemos. La responsable informó de que hace un mes el Departamento que dirige Beatriz Artolazabal remitió a la Agencia un escrito en el que anunciaba la puesta en marcha del procedimiento para regular la huella digital. Tras una prueba piloto en Vitoria, la consejería ha anunciado que este método de identificación se extenderá a toda la red este año. La primera fase empezará el próximo mes de abril en diez oficinas, tres de ellas en Gipuzkoa.

La Agencia de Protección de Datos recalca que se necesita el consentimiento previo del usuario

La respuesta de la Agencia llegó en forma de aviso. La normativa europea en materia de protección de datos, que entra en vigor el 25 de mayo, establece como regla general la prohibición del tratamiento de datos salvo que el interesado dé su consentimiento de forma previa y expresa. No parece, añadió Uria, que el proyecto de Lanbide tenga en cuenta ese consentimiento «previo y explícito» de los afectados, porque se hablaba de un procedimiento «obligatorio», tanto para los usuarios de Lanbide como para el personal de las oficinas. «Quedarían obligados a identificarse con huella digital», insistió la directora.

Los riesgos

Además, la Agencia recordó que el sistema que se implante debe regularse a través de una norma con rango de ley, en el que se recoja una evaluación de impacto de riesgos por la recogida «a gran escala» de datos personales, en este caso de los usuarios de Lanbide y de sus trabajadores. Puso el ejemplo de que pueda darse un ataque informático, lo que comprometería todos los servicios en los que se utiliza esa misma característica biométrica, algo que no ocurre cuando se trata de claves personales porque se pueden cambiar. «Las posibilidades de revocar la identidad biométrica son muy limitadas y las consecuencias muy graves», insistió, según recoge Efe.

Los grupos reaccionaron desde deferentes ópticas. Desde Podemos, Tinixara Guanche, se mostró «alarmada» y planteó sus dudas sobre la «libertad» de los usuarios de Lanbide para manifestar su voluntad. «Si no firman la autorización, no les dejan solicitar la RGI», añadió. Desde EH Bildu, Larraitz Ugarte criticó el sistema por «invasivo y estigmatizador». El PSE, por su parte, defendió que se utilicen las nuevas tecnologías», siempre y cuando sean para todos y no sean estigmatizadoras, y se cumplan las garantías que establece la ley. El PNV insistió en que el sistema puede «contribuir a aumentar el nivel de seguridad y a facilitar, simplificar y acelerar» los trámites. El PP, por su parte, dijo que se está avanzando «en seguridad y garantías de privacidad».

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