El independentismo ha practicado esta mañana un nuevo encaje de bolillos parlamentario, después de las amenazas de ayer del Gobierno y de l...
El independentismo ha practicado esta mañana un nuevo encaje de bolillos parlamentario, después de las amenazas de ayer del Gobierno y de la Fiscalía de que podrían impulsar una querella si JxCat, ERC y la CUP tramitaban y aprobaban unas enmiendas de la CUP que buscaban ratificar la proclamación de la república del 27 de octubre.
Finalmente, los anticapitalistas han rebajado sus expectativas y en la propuesta de resolución definitiva pactada entre las tres fuerzas secesionistas y que presumiblemente se debatirá y votará hoy en el primer pleno de la legislatura no hay ninguna referencia al 27-O como quería la CUP. Sí en cambio al 1-O y al propósito de restituir y legitimar a Carles Puigdemont.
El transaccionado de propuesta de resolución que la mesa de la Cámara está debatiendo aún si lo admite a trámite “constata que las elecciones del 21 de diciembre han ratificado la mayoría favorable a las fuerzas independentistas, esto es, a las formaciones políticas favorables a una acción republicana de gobierno y a la constitución en Cataluña en un estado independiente en forma de república”. El debate en la mesa gira en torno a las dudas que han expresado las fuerzas de la oposición que mantienen que para admitir a trámite el texto definitivo es preciso admitir previamente las enmiendas rupturistas a las que ha renunciado la CUP, lo que pondría en riesgo de querella a los independentistas. El debate legalista vuelve a instalarse en la Cámara catalana.
El texto que pretenden aprobar los secesionistas “manifiesta, además, el rechazo más absoluto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, así como sus efectos sobre las instituciones democráticas catalanas, que han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes, restringido las facultades de soberanía de sus instituciones legítimas y cesado a sus representantes elegidos democráticamente y exige, por tanto, poner fin a su aplicación de manera inmediata”. Y “denuncia la deriva autoritaria y antidemocrática del estado español” y la “represión generalizada sobre el movimiento republicano catalán, mediante la causa general contra Cataluña”.
En la línea de restituir la legitimidad de Puigdemont, los independentistas rechazarán la “destitución ilegal e ilegítima del presidente de la Generalitat y su gobierno mediante la aplicación del artículo 155” y proclamarán la “voluntad y el compromiso de restaurar la institución de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña”.
Así, constatarán que Carles Puigdemont fue elegido por la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña el 10 de enero de 2016 y que superó una cuestión de confianza el 29 de septiembre de 2016. Además, destacarán que ha sido avalado, a raíz del resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, para ser el legítimo candidato del Parlamento a la presidencia de la Generalitat en esta legislatura y que sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y revalidada el 21 de diciembre, para “poderle ratificar la confianza como presidente.”
JxCat, ERC y la CUP pretenden aprobar una declaración simbólica que pide asimismo que “cesen las injerencias del gobierno del Estado ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre”.
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