Un hombre dedicado a la reforma de pisos, conocido como 'El chapuzas', que fue detenido el pasado enero acusado de decenas de estaf...
Un hombre dedicado a la reforma de pisos, conocido como 'El chapuzas', que fue detenido el pasado enero acusado de decenas de estafas en distintos puntos de Gipuzkoa, ha sido absuelto en dos de estos casos, ocurridos en Bergara, al entender que fueron las dueñas de las casas quienes lo echaron de las obras.
Este vecino de Portugalete, de 35 años, se anunciaba para realizar reformas en viviendas que, según informó la Policía Municipal donostiarra tras su arresto, abandonaba una vez iniciada las obras después de haber cobrado un adelanto.
La Guardia Municipal explicó entonces que el arrestado buzoneaba o pegaba anuncios en la entrada de portales o en las inmediaciones de los edificios en los que se ofrecía para llevar a cabo arreglos en viviendas y adjuntaba un teléfono de contacto.
"Reformas Donostia", "Reformas K-2" Y "Reformas Josetxu" son algunos de los nombres que utilizó para captar clientes, a los que presentaba presupuestos de bajo coste. A los pocos días iniciaba la obra y, una vez que efectuaba alguna demolición y desescombraba lo derribado, pedía un adelanto a cuenta de entre un 20 y un 30 por ciento del coste total de la obra.
Las primeras de estas presuntas estafas en llegar a los tribunales han sido dos reformas realizadas en 2016 en Bergara donde, según explica la sentencia del caso a la que este jueves ha tenido acceso EFE, el imputado buzoneó distintos panfletos en los que se ofrecía para la reforma de viviendas, corriendo a cuenta del cliente la compra de materiales.
La resolución precisa que, por este medio, el 4 de enero, una mujer contactó con el encausado para una reforma en su domicilio para la que se acordó un presupuesto de 20.000 euros, de los que anticipó 9.000 como señal. No obstante, "como la obra no avanzaba según lo pactado", la clienta "decidió poner fin" a los trabajos "de forma unilateral" y reclamarle parte del dinero avanzado, cantidad que sólo reintegró en parte, "quedando sin devolver el resto" porque "no tenía dinero".
Paralelamente, el 16 de enero, dos mujeres contactaron con el imputado para una de estas obras, para las que se fijó un precio de 18.000 euros, 6.000 de los cuales fueron adelantados por las perjudicadas "en concepto de señal".
No obstante, una vez comenzados los trabajos, el acusado solicitó más dinero "para continuar y comprar materiales", si bien como las afectadas "no estaban contentas" con el modo en el que se estaban desarrollando las labores, "a la vista del trabajo realizado" que además duraban "más tiempo del inicialmente previsto", decidieron "resolver el contrato unilateralmente".
La sentencia del caso recuerda ahora que durante el juicio el procesado alegó que él "tenía intención de acabar" las obras y negó la intención de engañar a las perjudicadas, al tiempo que recuerda que "la voluntad de incumplir no surgió" del hombre, sino que fueron las perjudicadas quienes decidieron que no continuase "por el descontento que tenían en cuanto al desarrollo de la obra".
El escrito judicial recuerda además que estamos hablando de reformas en domicilios y no de una construcción de viviendas "por lo que los requisitos de profesionalidad de quien efectúa el trabajo no son necesariamente los mismos".
«Evidentemente, quien contrata con una empresa que se anuncia por panfletos en un buzón asume que no lo hace con otro tipo de empresa que son de sobra conocidas o bien de las que se anuncian por medios más 'profesionales o modernos'»
"Evidentemente, quien contrata con una empresa que se anuncia por panfletos en un buzón asume que no lo hace con otro tipo de empresa que son de sobra conocidas o bien de las que se anuncian por medios más 'profesionales o modernos'".
Por estos motivos, la sentencia considera que "no es posible probar si había por parte del procesado un dolo de defraudar" o por el contrario "una verdadera intención de contratar y finalizar" las obras.
El texto destaca también que las perjudicadas eran todas "mujeres adultas" con una "lucidez y coraje suficiente como para reparar en que las obras no marchaban bien o, más bien, que eran un auténtico desastre".
La resolución recalca asimismo que la posibilidad de apreciar un delito de estafa se cortó en el momento en el que las afectadas decidieron poner fin a las obras "echando" al acusado de ellas.
"¿Cómo puede distinguirse un albañil profesional de un chapuzas en su prístino sentido de la palabra? Pues lo normal será una vez finalizada la obra y a la vista de los resultados, pero si en estos casos no se dejó terminar la obra difícilmente podrá comprobarse que hubo tal maquinación", zanja el escrito, que también lamenta que no se halla aportado al procedimiento "ningún contrato" con las "estipulaciones" pertinentes en el que se pudiera apreciar una "desconexión" entre lo sostenido por la afectadas y "lo ejecutado" por el imputado.
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